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miércoles, 21 de enero de 2015

Interior niega asilo político a un saharaui condenado a cadena perpetua por un tribual militar marroquí

Fuente: elespiadigital.com



El ministerio del Interior ha denegado la petición de asilo político a un saharaui que fue condenado en rebeldía a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí por los hechos ocurridos en el campamento de protesta de  Gdeim Izik, desmantelado por el ejército marroquí y las fuerzas de seguridad marroquíes en noviembre de 2010.

Se trata de Hassanna Aalia, de 26 años, que se encuentra en España desde octubre de 2011 y deberá abandonar el país en un plazo de quince días a contar desde el 19 de enero, fecha en la que le ha sido comunicada la decisión del Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz.

El juicio en el que Hassanna fue condenado, en el que hubo penas de 20 años a cadena perpetua, fue denunciado por observadores internacionales por la falta de garantías y escasa solidez de las pruebas. La organización Human Rights Watch (HRW) especificó en un informe que las condenas a los saharauis se  basaron en las confesiones a la policía y señaló que no se llegaron a investigar las denuncias que presentaron por tortura.

Hassanna Aalia participó en el campamento de Gdeim Izik que se levantó en octubre de 2010 a  15 kilómetros de El Aaiún, capital de Sáhara Occidental, que fue violentamente desmantelado por el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes el 8 de noviembre de 2010. Conocido como “Campamento de la dignidad”,  reunió a 20.000 saharauis que pedían al gobierno de Mohamed VI mejores condiciones de vida y denunciaban la violación de sus derechos.

Condenado por su participación en el campamento a cuatro meses de prisión, viajo al País Vasco en octubre de 2011 con una beca de estudios. Cuando le faltaban dos meses para volver a El Aaiún conoció que había una orden de busca y captura contra él y que  su nombre aparecía en una lista para volver a ser juzgado por los hechos Gdeim Izik, pero esta vez por un tribunal militar, ante lo que decidió quedarse en España y solicitar asilo político.

El 17 febrero de 2013 el Tribunal Militar de Rabat condenó a Aalia en rebeldía a cadena perpetua. Por la misma sentencia 22 saharauis permanecen en la cárcel de Salé (Rabal) cumpliendo penas de 20 años a cadena perpetua.

Hassanna es miembro de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos (ASVDH) y trabaja con  Equipe Media (EM), organización que desde el Sáhara Occidental  intenta romper el silencio informativo  que impone Marruecos. En España se ha dedicado  a dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete al pueblo saharaui.

En una de sus comparecencias a lo largo de España Aalia, que fue detenido  por primera vez en 2005 por participar en una manifestación,  relató su experiencia con la policía marroquí: “Sabía de las cárceles y las torturas a los saharauis, pero nunca me imaginé lo que se sufre hasta que me tocó. Desde la primera vez que me arrestaron y durante las diversas ocasiones en que fui detenido después, sufrí diferentes torturas, desde que me colgaran por los pies y me golpearan por todo el cuerpo hasta dejarme días desnudo en el desierto después de obligarme a tragar a arena”.

En medios saharauis se ha iniciado una campaña para que el Ministerio del Interior  reconsidere la negativa de dar asilo político a Hassanna Aalia.

martes, 20 de enero de 2015

Campaña para evitar la expulsión de España del activista saharaui Hassanna Aalia

¿Por qué es importante esta campaña?
(Texto copiado de la Campaña creada en Avaaz.org)

Hassanna Aalia nace en El Aaiún, Sahara Occidental en 1988. En 2010 participa activamente en el campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik. Por este hecho es juzgado y sentenciado a cuatro meses de prisión sin ejecución.

En octubre de 2011 tiene la oportunidad de viajar al País Vasco con una beca de estudios para aprender el idioma. cuando le faltaban dos meses para regresarse a El Aaiún su nombre aparece en la lista de personas que van a ser juzgadas por los hechos de Gdeim Izik y él decide esperar para regresar a su país dado que las autoridades acupantes marroquiés le encarcelarían, y solicitar al asilo político al gobierno español.

El 17 de febrero de 2013 el tribunal militar de Rabat emite sentencia contra 25 civiles saharais, entre ellos Hassanna Aalia que permanece en el País Vasco y es sentenciado a cadena perpetua en rebeldía.
Desde entonces recorre el territorio del estado español para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui.

El día 19 de enero de 2015 a Hassanna le han notificado que su petición de asilo queda rechazada y el plazo de 15 días para abandonar el territorio español.

EXIJO a la autoridad competente y al Ministro del Interior que tome cartas en el asunto y se reconsidere la petición de asilo político de Hassanna Aalia, dado que si vuelve a su país será castigado duramente por las autoridades ocupantes marroquíes y no volverá a salir de prisión en lo que le queda de vida, porque es una persona activa políticamente y nunca ha dejado de luchar pacíficamente por el derecho de autodeterminación de su pueblo, lucha que ya le ha costado detenciones y torturas en numerosas ocasiones.

viernes, 4 de mayo de 2012

Orden de expulsión por protestar ante Soria

El activista uruguayo deberá abandonar el país en 48 horas.- En caso de no hacerlo, podrá ser detenido y repatriado a Uruguay.

3 de mayo de 20112
ARRECIFE. - SAÚL GARCÍA (ACN PRESS)

La Delegación del Gobierno en Canarias ha desestimado las alegaciones del activista uruguayo José Morales contra su petición de expulsión del país y le ha comunicado este miércoles que tiene 48 horas para abandonar el país. En caso de no hacerlo, el viernes podría ser detenido y repatriado a Uruguay.

El expediente de expulsión se abrió el pasado 3 de abril. A Morales se le acusa de alterar el orden público en una concentración frente a la sede del PP de Lanzarote para protestar por las prospecciones de Repsol en la visita del Ministro de Industria, José Manuel Soria. La policía impuso multas de 300 euros a otras seis personas.

Todos han negado que llevaran a cabo actos violentos. De hecho, la Policía no detuvo a nadie y ninguna persona ni tampoco el mobiliario urbano sufrió ningún tipo de daño en aquella concentración.

A Morales ya se le abrió un expediente de expulsión tras unos incidentes durante una concentración de apoyo al pueblo saharaui en Arrecife y en la que un agente de policía de paisano sacó su pistola en medio de la calle. Ese expediente se suspendió hasta que se resuelva la denuncia por los mismos hechos que se tramita en los tribunales.

Morales señalaba a ACN Press que siente “angustia e indignación” por tener que defenderse de unos hechos que no ha cometido y por la “terrible injusticia que se quiere cometer”, así como porque no se le está dando la oportunidad de esclarecer los hechos.

El activista uruguayo, colaborador de asociaciones de inmigrantes, sindicales y en defensa de los derechos humanos, considera que su caso puede crear un “grave precedente para poder expulsar a cualquiera” puesto que no hay sentencia firme y la expulsión se dicta por una falta administrativa no probada. Señala que internará paralizar la orden de expulsión mediante recursos.

José Morales vive en Lanzarote desde hace diez años y asegura estar completamente arraigado en la Isla. Tiene una hija de cinco años que vive en Lanzarote. Por otra parte, la semana pasada, la Fundación César Manrique y la Comisión insular contra las plataformas petrolíferas, integrada por el Cabildo y numerosos colectivos sociales, registraron sendos escritos en la Delegación del Gobierno en Arrecife solicitando que se archive este expediente de expulsión.

Tanto la FCM como la Comisión insular contra las plataformas piden el archivo de la expulsión y muestran su solidaridad y apoyo con los manifestantes que han sido denunciados. La FCM, además, mostró su preocupación por los hechos y su defensa de los derechos civiles que suponen una crítica al poder. La FCM reconoce “el compromiso de José Morales con Lanzarote y con las causas sociales y ambientales que nuestra institución reconoce y agradece”. Intersindical Canaria también ha mostrado su solidaridad con él.