Luis de vega
«Por primera vez en mi vida me sentí libre», afirma Hassana Aalia (El Aaiún, 1988) al recordar el campamento protesta de Gdeim Izik levantado en el Sahara Occidental en 2010. Miles de saharauis participaron en él durante un mes hasta que el Ejército de Marruecos lo desmanteló por la fuerza el 8 de noviembre. En los disturbios murió más de una decena de personas, la mayoría agentes marroquíes, según Human Rights Watch (HRW).
Aalia fue condenado el 14 de febrero de 2011 a cuatro meses de prisión, que no debió cumplir por carecer de antecedentes. No quedó probado que participara en las agresiones a las Fuerzas de Seguridad marroquíes, según un informe de la Asociación Internacional de la Observación de los Derechos Humanos (AIODH).
Tras aquella sentencia «viajé al Foro Social Mundial en Dakar, a los campamentos de refugiados (saharauis en Tinduf, Argelia), a España…», explica Aalia a ABC. Pero la sorpresa llegó en medio de esos desplazamientos en los que regresaba con normalidad a su casa de El Aaiún, cuando «un Tribunal Militar anuncia una orden de búsqueda y captura contra mí».
Le pilló en España y tomó la decisión de no volver más. Así es como fue juzgado en rebeldía, junto a otros 23 activistas saharauis que sí estaban presentes, por un Tribunal Militar en Rabat. El pasado 17 de febrero emitía nueve cadenas perpetuas (entre ellas la de Aalia), cuatro condenas a treinta años, seis a veinticinco años, tres a veinte años y dos a dos años y tres meses.
«Nulo de pleno derecho»
Condenar a alguien dos veces por los mismos hechos «constituye una gravísima violación del principio de cosa juzgada» por lo que el proceso «es nulo de pleno derecho», entiende la AIODH, presente en todas las sesiones del juicio, el más importante celebrado contra activistas saharuis. El artículo 119 de la nueva Constitución aprobada en Marruecos en 2011 impide juzgar dos veces los mismos hechos. El informe añade también que «la presencia del inculpado en un proceso penal es un derecho elemental».
el estado marroquí sigue cometiendo abusos contra los derechos
humanos en las ciudades del Sáhara Occidental, que viven al ritmo de
manifestaciones pacíficas que reclaman el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación y condenan la no inclusión por parte del Consejo de Seguridad
de la ONU a la recomendación con respecto a la ampliación del mandato de la
Misión de las Naciones Unidas para la organización del referéndum de
autodeterminación en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que
pudiese supervisar e informar sobre los derechos humanos en el Sáhara
Occidental, esas manifestaciones pacíficas siempre se enfrentan con el uso
excesivo de la fuerza por agentes de policía marroquí uniformados y vestidos de
civil, junto a las fuerzas auxiliares, bajo la supervisión directa de los pachas
de las ciudades, y el jefe de la zona de seguridad y su vice además de muchos
oficiales tanto de policía como de los órganos de servicios secretos
marroquíes.