Los pescadores del bullicioso puerto de El Aaiún descargan cientos de cajas cargadas de plateadas sardinas y hielo en contenedores refrigerados.
En el mar, hacia el sur, se pueden ver los confines de la gigantesca cinta transportadora de 98 kilómetros que provee al puerto de fosfato, materia prima de fertilizantes agrícolas, desde una mina ubicada en pleno desierto hasta los barcos cargueros.
La pesca y el fosfato, junto a potenciales reservas de petróleo y gas, están detrás de la disputa territorial en el Sahara Occidental, que lleva años políticamente estancada.
El gobierno de Marruecos asegura que proporcionan las bases del desarrollo económico, ayudando a impulsar el territorio a la modernidad.
Pero para los activistas saharauis que todavía sueñan con la independencia, lo que se ve en El Aaiún no son más que las marcas que deja una ocupación ilegal que busca la explotación de sus recursos naturales.
La discusión llegó la semana pasada al Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde los eurodiputados votaron a favor de suspender el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por considerar que podría ser ilegal.
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