El Gobierno marroquí se niega a colaborar con la
Justicia española y hace caso omiso a los requerimientos de la Audiencia
Nacional, que tiene abierta una investigación por el genocidio saharaui entre
los años 70 y 80. Hace dos años y medio, el Juzgado Central de Instrucción
número 5, que en su momento dirigía Baltasar Garzón, solicitó una comisión
rogatoria preguntando a las autoridades del país norteafricano si estaban
investigando estos hechos y, en caso de ser así, cuál era el
resultado.
Según la doctrina que rige la justicia internacional,
en el caso de que el país donde se haya cometido el delito ya tenga abierta una
causa, este tiene preferencia y España debe cerrar la
investigación.
Sin embargo, Marruecos ha preferido mantenerse en
silencio y negarse a contestar a la Audiencia Nacional, obligando a esta a dejar
el caso estancado. El 8 de junio de 2010 fue la primera vez que el juez, a
través del Ministerio de Justicia, se puso en contacto con las autoridades
marroquíes para conocer su postura sobre tal genocidio y si habían abierto una
investigación. Ante la falta de respuesta, el 19 de noviembre el juzgado se puso
de nuevo en contacto con Justicia para preguntar sobre la respuesta del país
vecino.
El 4 de octubre de 2011 y el 9 de abril de 2012, el
sustituto de Garzón, Pablo Ruz, envió dos nuevos recordatorios al Ejecutivo
alauí, con un silencio por respuesta. Finalmente, el titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5 remitió una nueva comisión rogatoria reclamando de nuevo
que se le informe de si se está investigando en Marruecos el genocidio saharaui,
de si se ha notificado a los querellados de la causa, de si los presuntos
implicados tienen causas abiertas en su país, y que se le ofrezcan datos
oficiales sobre el número de víctimas en el Sáhara durante esas dos décadas y en
el lugar de inhumación, según fuentes conocedoras del
caso.
A día de hoy y a pesar de la insistencia del juez, la
Autoridad Central marroquí se niega a contestar a la Justicia española
boicoteando sus investigaciones. La clave de la cuestión son las personas
querelladas y sus cargos. Son once altos cargos, entre los que se encuentran el
general de la Armada marroquí, Housni Bensliman; el delegado general de la
Administración Penitenciaria, Hafid ben Hachem, o el interventor general adjunto
del director de la Policía Judicial, Brahim Bensami.
Con otra investigación abierta a Marruecos por un
delito de lesa humanidad por la agresión policial en un campamento saharaui, que
acabó con la vida de un español, sí ha contestado a las comisiones rogatorias
remitidas por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para informar que
ya tiene abierta una causa y, por tanto, queda fuera de la competencia española.
Concretamente, remitió un informe con doce causas abiertas por la muerte de Baby
Handay Buyema, atropellado por un furgón policial, en el asentamiento de Gdeim
Izik en noviembre de 2010. Eso sí, desde el 13 de enero de 2011, cuando se envió
la comisión rogatoria, las autoridades marroquíes remitieron todas las
diligencias practicadas por su Justicia en mayo de 2012, según las mismas
fuentes.
Las relaciones diplomáticas con Marruecos son
complejas. Cierto es que existe un convenio de colaboración entre España y
Marruecos y que este debería entregar todos los datos que se le exigen a España.
Sin embargo, existen otros intereses, sobre todo a nivel antiterrorista, que
podrían ayudar a que el Gobierno español no le interese presionar ni actuar
contra el país vecino.
En 2010, cuando se conoció el suceso del 'campamento
de la dignidad', el fiscal general del Estado en ese momento, Cándido Conde
Pumpido, pidió prudencia y recordó que uno de los querellados en esta causa, el
que fuera ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, expresidente del
Tribunal Supremo y exfiscal general en su país, "es una persona que ha
colaborado mucho con nuestro país” en materia antiterrorista. Pumpido sostenía
que antes de acusar había que tener pruebas fehacientes de que en los sucesos de
El Aaiún se había producido un delito de genocidio, porque en esos momentos sólo
había un muerto español.
A partir de ese momento todo cambió. Inicialmente, la
Fiscalía defendía investigar a Marruecos, pero después de varias reuniones con
su ministro del Interior, tanto el Ministerio público como el Gobierno hicieron
suyas las explicaciones del país alaudí. El objetivo no era acabar con los
saharauis, decían en ese momento, sino evitar que el terrorismo islamista se
implantara en el territorio. Este extremo afecta mucho a España, uno de los
principales objetivos de este terrorismo. Ambos países están luchando contra
este mal y hay que evitar como sea que se expanda y recale en nuestro país.
