En los territorios del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos existe un subsidio para aquellas personas que sufrieron la represión durante el período conocido como "los años de hierro" de Hassan II. Tienen derecho a cobrarlo 25 de las personas que fueron torturadas o encarceladas de forma ilegal. A otras, les compensaron con puestos de trabajo o dinero en efectivo.
El Bachir Yaya, conocido activista en El Aaiún y expreso político, cobra este subsidio desde hace años. Acudió, como cada primer día de mes, a cobrar su indemnización a la Agencia de Desarrollo Nacional, responsable de este tipo de retribuciones. El funcionario le remitió al director de la entidad, el cual le explicó que la Delegación del Gobierno de El Aaiún había emitido la orden de no pagarle y por tanto, era el lugar donde debía dirigirse.
La Delegación del Gobierno no es la institución que gestiona los subsidios sino la encargada del departamento de seguridad de la región. Cuando los saharauis son derivados a dicho organismo se les explica que representan un problema para la seguridad del estado y se les atribuye los términos de separatistas y traidores. Posteriormente,se les exige un juramento en el que han de desistir de la actividad política, dejar de mantener una conducta separatistas y así, funcionar como ciudadanos y ciudadanas marroquíes. Todo ello, si quieren recuperar su trabajo, poder acudir al medico o, como es el caso, recuperar un subsidio de derecho reconocido.
Dos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU resolviera de nuevo no imponer un mecanismo de control sobre Derechos Humanos, el Gobierno de Marruecos desatiende los derechos de carácter personal, de pensamiento y conciencia así como las libertades políticas.
El Gobierno de Marruecos cuenta un año más con el beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU para gestionar su política coercitiva hacia el pueblo saharaui, ya que la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental) no supervisa los Derechos Humanos.
