GUINGUINBALI MARÍA SUÁREZ* 03/10/2011 - Marruecos desarrolla en la Unión Europea una diplomacia desvergonzada cuya guinda consiste en obtener de los eurodiputados los votos favorables para los intereses marroquíes, a pesar de que ello vaya en detrimento de los ciudadanos europeos. Aunque son muchos los eurodiputados que no se dejan mangonear, existen otros para los que las presiones marroquíes resultan tan fuertes que sucumben irremediablemente.
No puedo decir que la acción marroquí sea reprobable “per se”, pues es lógico que sus diplomáticos se muevan para defender sus intereses; ahora bien, lo que se debe denunciar, y sirva esta breve reflexión para dejarlo claro, es que haya eurodiputados que se dejen manipular olvidando a los que realmente deberían defender: es decir, a los europeos.
Mi acusación es grave; sí lo es, y como muestra hagamos un repaso de lo que sucedió en Estrasburgo el pasado jueves.
La mayoría de la cámara rechazó una propuesta que además de necesaria era ética e imprescindible para tratar sobre acuerdos con terceros países. Los eurodiputados que votaron en contra han cometido un error imperdonable que tardará algún tiempo en tener arreglo.
Se trataba de aprobar que el Tribunal de Justicia de la UE estudiase la redacción del prorrogado Acuerdo de Pesca UE/Marruecos, con el fin de determinar si se ajusta al Derecho Internacional y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, donde constan los valores y principios éticos que deben guiar el comportamiento de la UE, tanto a nivel interno como en sus relaciones exteriores. Un pronunciamiento jurídico al respecto arrojaría luz no solo para una futura posible nueva redacción de ese Acuerdo, sino de otros muchos. Al menos esa es la teoría.
Antes del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea dominaba fácilmente ciertos asuntos de política exterior sin ninguna voz adicional, pero en la capital lusa, y con el fin de evitar posibles abusos marcados por la conveniencia política de unos pocos, pero bien situados, se estableció que, a petición de la Eurocámara, el Tribunal de Justicia podría pronunciarse sobre cuestiones conflictivas, obviamente solo en lo que respecta a sus competencias jurídicas. Y resulta que esos eurodiputados que votaron en contra de la moción, creyeron que era mejor mantener contentos a los marroquíes que salir de dudas con respecto a un Acuerdo que los servicios jurídicos del Parlamento ya habían calificado de ilegal. ¡¡Pero, qué mejor ocasión que esta para dirigirse al Tribunal!!
Nuestro gozo en un pozo.
Durante los últimos días, los miembros del europarlamento pertenecientes al PSOE y PP, junto con sus colegas franceses, se lanzaron a confundir a cuantos habían mostrado su acuerdo con esa buena iniciativa. Un ardor patrio les revolvía las entrañas porque oficialmente 101 licencias son para barcos españoles (aunque diferentes estudios independientes se encargaron de demostrar que solo se aprovechan unas 65).
Tampoco escatimaron esfuerzos y gastos los grupos de presión del sector pesquero español y marroquí, en especial CEPESCA y FPMA, respectivamente, que disponen de sendas comisiones dedicadas a influir para que “su” acuerdo vuelva a firmarse, aunque sea nefasto desde el punto de vista económico, tal y como ha reconocido la propia Carmen Fraga, Presidenta de la Comisión de Pesca del parlamento.
Por si fuera poco, el día de la votación al menos doce diplomáticos marroquíes fueron vistos merodeando por los pasillos y salas del Parlamento, acosando a los que querían votar a favor de la moción y pidiéndoles que votasen en contra con todo tipo de pueriles argumentos, entre otros, que si la moción salía adelante lo entenderían como una ofensa hacia el pueblo marroquí, que complicaría la negociación de futuros acuerdos de pesca y que el trasfondo eran los intereses de grupos desestabilizadores afines a la cuestión saharaui, la cuál, según ellos, ya había sido superada años antes cuando se redactó el acuerdo que aún sigue vigente.
Los que sucumbieron al tramposo planteamiento, no tuvieron ni cordura ni valor ni interés, para asumir que la cuestión, puramente jurídica, debía determinar si el Acuerdo de Pesca presenta irregularidades o contradice los artículos de la Carta de Derechos de la UE. El problema del Sáhara es otra cuestión distinta de lo que se pedía en la moción, si bien es cierto que su causa podría verse beneficiada si el Tribunal hubiese podido encontrar irregularidades. ¿Qué intereses han defendido entonces esos eurodiputados? ¿Por qué han tenido miedo de que el Tribunal arrojase luz?
*María Suárez es socióloga y analista, especializada en temas internacionales.
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