Marruecos prosiguió en 2011 con la represión de las libertades de expresión, asociación y reunión de los saharauis que abogaban por la autodeterminación del Sahara Occidental y continuó con su política de encarcelamiento de activistas, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En su ultimo informe mundial sobre la situación de los derechos humanos, publicado en Londres, AI subraya que no se ha llevado a cabo "ninguna investigación independiente e imparcial sobre los acontecimientos de noviembre de 2010 en Gdim Izik y El Aaiún, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes destruyeron un campamento de protesta saharaui."
A raíz de esa actuación, se produjeron violentos disturbios "en los que murieron trece personas, entre ellas once miembros de las fuerzas de seguridad", destaca AI.
AI critica, asimismo, al movimiento independentista saharaui Frente Polisario al señalar que éste "no tomó medidas para poner fin a la impunidad de las personas acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos en sus campos de Tinduf, en la región argelina de Mhiriz, en las décadas de 1970 y 1980."
Igualmente, se hace eco del secuestro, en octubre de 2011, de tres cooperantes (una mujer italiana y un hombre y una mujer españoles), capturados "por un grupo armado" en un campo de refugiados del Frente Polisario. Al concluir 2011, los cooperantes aún no habían sido liberados".
En lo tocante a la situación marroquí, AI reseña las protestas pacíficas que durante los primeros meses de 2011 tuvieron lugar en Marruecos en demanda de reformas políticas y que propiciaron que el 9 de marzo el rey Mohamed VI anunciara un proceso de reforma constitucional, que se materializó en el referéndum del pasado 1 de julio, en el que la iniciativa fue aprobada.
Aunque las protestas fueron por lo general pacíficas, "en muchas ocasiones se tuvo noticia de que las fuerzas de seguridad habían cargado" contra los que participaban en ellas, "con el resultado de al menos una persona muerta y numerosos heridos."
"Cientos de manifestantes fueron detenidos. La mayoría quedaron en libertad más tarde, pero algunos fueron juzgados y condenados a prisión", señala AI.
La organización incide en que "según informes", las fuerzas de seguridad marroquíes "hostigaron a familiares de activistas del Movimiento 20 de Febrero", el grupo que aglutinaba a la mayoría de quienes solicitaban reformas políticas.
En lo relativo a la libertad de expresión, AI hace hincapié en que en Marruecos "se siguió encarcelando y procesando a periodistas y a otras personas por criticar públicamente a autoridades o instituciones del Estado o por informar sobre cuestiones políticamente delicadas."
En el aspecto referido a la justicia transicional, el informe de AI menciona que las autoridades marroquíes "no aplicaron las principales recomendaciones formuladas por la Comisión de Equidad y Reconciliación en su informe de noviembre de 2005."
En este sentido, AI pone de manifiesto que "siguió negándose acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas desde la independencia de Marruecos, en 1956, hasta la muerte del rey Hasán II, en 1999".
Al mismo tiempo, AI subraya que "los tribunales marroquíes continuaron imponiendo la pena de muerte", si bien la última ejecución tuvo lugar en 1993.
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