La ley de transparencia es opaca sobre la venta de armas

EL PERIODICO DE ARAGON  D.CHIC 28/04/2012

Se utilizaron armas españolas en el campamento de Gdeim Iziz, contraviniendo la legislación española.

Durante los levantamientos populares de la conocida como Primavera Árabe los medios de comunicación dieron a conocer que se había utilizado para la represión civil armamento español tanto en Libia --bombas racimo procedentes de la fábrica de Zaragoza-- como en el Sáhara ocupado --con la acción de vehículos de doble uso en El Aaiún, durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik, llamado el Campamento de la Libertad--, pese a que la legislación española indica claramente que la venta de armas a países en guerra o en zonas desestabilizadas está prohibida.

Con anterioridad, varias de estas organizaciones suscribieron solicitudes de información relativas a la venta de armas dirigidas a la Secretaría de Estado de Comercio, siempre con respuesta negativa por acogerse a la Ley de Secretos de Estado. Para denunciar estos hechos se desarrollaron campañas de presión activa sobre el papel perverso del Estado español en la venta de armamento de origen español destinado a Marruecos y se logró algún pequeño cambio de las actitudes. Estas denuncias se basaban en la ocupación ilegal y violenta del Sahara Occidental, desde la invasión del territorio en 1975 hasta la actualidad.

Con estos antecedentes no es raro que durante el periodo de consulta pública abierto para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Transparencia, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs y diversas asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui hayan presentado un conjunto de alegaciones por entender que la nueva ley "supone un ataque al derecho al acceso de información pública relativa al comercio exterior de armas".

De este modo, dentro del procedimiento de consulta pública al que se ha sometido el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, diferentes organizaciones no gubernamentales de amplio espectro han presentado unas alegaciones conjuntas denunciando el futuro texto de la normativa.

Entre las oenegés que se adhieren a esta iniciativa se encuentra una organización dedicada al fomento de una cultura de paz y la construcción de una sociedad desarmada y que, desde 1999, denuncia los efectos negativos del militarismo y el comercio de armas, así como entidades firmantes son organizaciones sociales, jurídicas y de solidaridad con el pueblo saharaui, como CEAS-SAHARA –la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara-, Um Draiga –la asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón-, y organizaciones jurídicas como IAJUWS -Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental-, el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, el Observatorio asturiano para el Sahara Occidental y JUPADEHU –una agrupación de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos-.

LOS INTERESES DE LA INDUSTRIA.- Las entidades firmantes denuncian que la opacidad del anteproyecto y que la futura Ley “podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista”. Por estas razones consideran que en el texto se vierte un secretismo calculado en relación con el comercio de armas que según ellos “tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento”

De este modo, “en contra de las pretendidas bondades democráticas que el Gobierno predica del anteproyecto lo cierto es que una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional”, subrayan los firmantes de las alegaciones. Por ello solicitan “la modificación del anteproyecto para que se incluyan, expresamente, la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública”.

Los ánimos no son especialmente optimistas entre los impulsores de las alegaciones a la ley, pues saben que es difícil que obtengan una respuesta favorable. De hecho, casi no hace falta ni recordar la vinculación del actual Ministro de Defensa con las fábricas españolas de armamento. El portavoz del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Luis Mangrané, destaca que la presión mediática se ha apagado en los últimos meses, pero no pierden totalmente la esperanza.

“No creemos que nuestras propuestas vayan a tener un trato político favorable”, asegura, pero por otro lado, no están dispuestos a tirar la toalla. Si sus peticiones caen en saco roto, durante el trámite parlamentario están dispuestos a seguir plantando batalla política para frenar un comercio de armamento que consideran inmoral.