El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, se
dirigió hoy a la Comisión Europea para solicitarle que investigue la
orden de expulsión del ciudadano uruguayo residente en Lanzarote, José
Morales Brum.
Meyer mostró su preocupación por lo que calificó "una clara violación del derecho a la presunción de inocencia" ya que la orden de repatriación se basa en la imputación de un presunto delito de alteración de la seguridad ciudadana y de atentando a la autoridad pública que no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme.
El pasado 2 de mayo la Delegación del Gobierno de España en Canarias comunicó a este ciudadano uruguayo, residente en Lanzarote desde hace más de 10 años, con una hija de nacionalidad española y plenamente arraigado en España, que tenía 48 horas para abandonar el país o sería arrestado y repatriado.
Según el comunicado, el pasado 3 de abril se le abrió expediente de expulsión por alterar el orden público al participar en una concentración que tuvo lugar en Lanzarote en contra del Decreto del 16 de marzo de 2012, por el cual el Gobierno autorizó a REPSOL a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de esta isla.
Tal y como apuntan otros participantes en la protesta, dicha imputación carece de fundamento pues la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin detenciones ni ningún tipo de disturbios
Desde Izquierda Unida han mostrado su preocupación ya que entienden que basar la expulsión de un ciudadano por la mera imputación en un delito, sin que exista ninguna sentencia penal firme contra él, y expulsarlo antes de la celebración de ningún juicio, negando tan siquiera la oportunidad de esclarecer cualquier imputación, conlleva una vulneración de principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia, y asienta un grave precedente que erosiona el ejercicio de la libertad de manifestación y reunión de otros ciudadanos.
FUENTE: http://izquierda-unida.es/node/10575
Meyer mostró su preocupación por lo que calificó "una clara violación del derecho a la presunción de inocencia" ya que la orden de repatriación se basa en la imputación de un presunto delito de alteración de la seguridad ciudadana y de atentando a la autoridad pública que no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme.
El pasado 2 de mayo la Delegación del Gobierno de España en Canarias comunicó a este ciudadano uruguayo, residente en Lanzarote desde hace más de 10 años, con una hija de nacionalidad española y plenamente arraigado en España, que tenía 48 horas para abandonar el país o sería arrestado y repatriado.
Según el comunicado, el pasado 3 de abril se le abrió expediente de expulsión por alterar el orden público al participar en una concentración que tuvo lugar en Lanzarote en contra del Decreto del 16 de marzo de 2012, por el cual el Gobierno autorizó a REPSOL a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de esta isla.
Tal y como apuntan otros participantes en la protesta, dicha imputación carece de fundamento pues la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin detenciones ni ningún tipo de disturbios
Desde Izquierda Unida han mostrado su preocupación ya que entienden que basar la expulsión de un ciudadano por la mera imputación en un delito, sin que exista ninguna sentencia penal firme contra él, y expulsarlo antes de la celebración de ningún juicio, negando tan siquiera la oportunidad de esclarecer cualquier imputación, conlleva una vulneración de principios básicos del Estado de derecho, como la presunción de inocencia, y asienta un grave precedente que erosiona el ejercicio de la libertad de manifestación y reunión de otros ciudadanos.
FUENTE: http://izquierda-unida.es/node/10575
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