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Médico y doctor en psicología social, Carlos Martín Beristain hila la historia no contada del pueblo saharaui en El oasis de la memoria.
Trabaja desde hace más de dos décadas en Euskadi y América Latina con víctimas de la violencia. Coordinador del informe Guatemala nunca más, y asesor en Comisiones de la Verdad en Perú, Paraguay y Ecuador, Carlos Beristain aplica esta metodología al conflicto del Sáhara.
Un proceso empantanado que se dilata ya 37 años, y al que el pueblo saharaui, víctima de violaciones masivas de derechos humanos, sobrevive dividido entre el territorio ocupado por Marruecos y el desierto argelino.
A través de la experiencia directa de las víctimas, Carlos Beristain teje la memoria oculta, pero compartida: recoge testimonios y formas de resistencia, apunta a la responsabilidad internacional y apela al derecho al retorno de los refugiados. Por la reparación y contra el olvido.
—¿A qué entidades y organismos va dirigido El oasis de la memoria?
—El informe se está difundiendo en el ámbito internacional. Obviamente, va dirigido al sistema de Naciones Unidas: al Consejo de Derechos Humanos, al Comité de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y también a todos aquellos organismos interesados por el trabajo en derechos humanos. Algunos de ellos han seguido el caso saharaui bastante en profundidad; otros no tienen un conocimiento sobre él. El informe trata de incluir una perspectiva del conflicto desde los derechos humanos, una visión que en muchas ocasiones ha estado ausente. El Sáhara se ha considerado en gran medida como un problema político, una negociación entre dos partes, y su bloqueo durante muchos años, pero no se ha puesto el énfasis en cómo la agenda de derechos humanos puede ser parte de la solución.
—¿Ha contribuido la Minurso, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, a la protección de los derechos humanos?
—La Minurso fue la misión puesta en marcha por Naciones Unidas en el año 91 para facilitar las condiciones que condujeran a la realización de un referéndum. Pero tras las medidas políticas para iniciar el proceso, la MINURSO no tiene más mandato que la verificación del alto el fuego. El que la reivindicación de la autodeterminación no sea motivo para criminalizar al pueblo saharaui, y el respeto de los derechos humanos, es decir, la no existencia de torturas y detenciones arbitrarias como sigue sucediendo actualmente, son pre-condiciones para hacer posible el mandato de la MINURSO. Sin ellas, es imposible realizar un referéndum sobre el derecho a la autodeterminación o buscar una salida política.
—La presencia de la Minurso entonces ha sido testimonial…
—La Minurso sí ha sido importante para la verificación del alto el fuego y para el programa de desminado en el territorio del muro que separa el Sáhara occidental de la zona en la que se encuentran el Polisario y los campamento de refugiados, pero en términos de la verificación de los derechos humanos no tiene ningún papel. Los últimos casos que hemos investigado en este estudio se produjeron en 1993. La Minurso ya estaba en el Sáhara occidental y siguieron produciéndose desapariciones. ¿Cómo es posible? Esto no ocurría en ningún lugar del mundo con una misión de Naciones Unidas como parte de un proceso hacia la búsqueda de la paz. Esta situación, si no hay voces independientes que puedan decir que las desapariciones se han seguido produciendo sin que haya, al menos, un escrutinio internacional, va en detrimento de la capacidad de expresión del pueblo saharaui.
—¿Cuáles son los rasgos que diferencian al caso saharaui respecto a otras comunidades en las que has trabajado en Comisiones de la Verdad?
—En primer lugar, el nivel de aislamiento en el que está la población. Hasta el año 2005, prácticamente, casi nadie conocía lo que pasaba en el Sáhara Occidental. El aislamiento internacional que ha sufrido este pueblo en el territorio ocupado por Marruecos ha sido enorme, y eso no se ha dado en ningún otro país que yo conozca en el mundo. No, desde luego, en América Latina ni en otros países de África. Este me parece un elemento muy importante. Desde hace muy poco, y a través del uso de internet y otras herramientas, los saharauis han conseguido empezar a organizarse y expresarse. Otra nota característica es que en ningún otro lugar, cuando se ha iniciado un proceso para crear una Comisión de la Verdad y enfrentar el pasado, se han seguido produciendo violaciones masivas de derechos humanos como las que se han dado en el Sáhara. No es compatible tratar de mirar hacia el pasado y enfrentar las secuelas de las violaciones, con el mantenimiento de la situación de amenaza contra un pueblo. Las organizaciones saharauis fueron prohibidas mientras trabajaba la Comisión, y no tienen un estatus legal: no pueden recoger fondos, no pueden realizar un programa de ayuda a las víctimas, la expresión de sus reivindicaciones puede ser fácilmente criminalizada, y numerosos líderes, como Aminatou Haidar, han sufrido detenciones arbitrarias y torturas. Nosotros preguntamos a la población saharaui cuáles eran sus demandas en términos de una solución a estas violaciones, y muchas personas hicieron referencia al derecho a la verdad y a la justicia, pero además, y eso también les diferencia, a que la realización del referéndum es parte de la reparación que necesitan. Es parte de lo que, al menos, daría algo de sentido al dolor que muchas víctimas han sufrido y siguen sufriendo. Y otro último rasgo es que el problema de los refugiados se sigue viendo todavía como un problema de ayuda humanitaria, no como una violación de los derechos humanos. Si están en Tinduf, es porque fueron hijos del bombardeo de Um Dreiga —que constituyó el inicio del refugio en Argelia—, no porque quisieran, o porque el Polisario tuviera un plan en la retaguardia. Las víctimas acudieron a Argelia pensando que el estado español iba a intervenir, y que iban a poder volver a sus casas, y eso no sucedió. El problema del refugio sigue considerándose como un problema de emergencia, que dura ya 37 años, pero sólo en la vertiente de la ayuda humanitaria, no como una cuestión del derecho al retorno y a la reparación que tienen estas víctimas.
—¿Los proyectos de desarrollo local en los campamentos de refugiados de Tinduf comprometen a los saharauis? ¿Al llevarlos a cabo aceptan, implícitamente, que no podrán volver?
—Este es un dilema desde hace mucho tiempo. Escribí un informe sobre ello hace años con otra compañera para la Universidad del País Vasco llamado Desarrollo en el refugio. El Sáhara sigue dependiendo de la ayuda humanitaria del Acnur como en una situación de emergencia. Por otro lado, las distintas generaciones que han ido naciendo durante estos 37 años en el territorio argelino, buscan sus expectativas de vida. ¿Cuáles son? Algunos han salido a formarse fuera, pero han vuelto, y no tienen un espacio para poder vivir. Esto supone desafíos enormes para la población saharaui: aceptar o no proyectos de desarrollo que implican quedarse, como si se asentaran de forma definitiva. Pero por otra parte, también se necesita ayuda para poder vivir mínimamente bien en medio de la precariedad; para poder tomar decisiones y transformar la situación. El Sáhara es una muestra de que ambos planteamientos deben darse a la vez: hay que practicar una ayuda humanitaria de emergencia, para que la población pueda sobrevivir, y también hay que practicar otra ayuda pensando en un futuro retorno, en qué capacidades es necesario desarrollar para que el pueblo saharaui se fortalezca; qué cosas pueden ayudar a que, mientras se busca una salida política, puedan contar con mejores infraestructuras. Todas las medidas a tomar, probablemente, deben estar mediatizadas por esta perspectiva de futuro. No he conocido tanto rechazo a medidas de desarrollo local. De hecho, la población las demanda, pero sí creo que es importante no perder de vista que existe un derecho al retorno, que ese derecho forma parte de la salida política, y que la cooperación debe comprender este escenario.
—Tras la liberación de los dos cooperantes españoles secuestrados en Tinduf, y la posterior evacuación que se hizo de todos ellos por parte del Ministerio de Exteriores, ¿cuál es el papel que juegan?
—Una primera función es, obviamente, el sostén de las condiciones de vida para los saharauis que están en los campamentos. También hay una responsabilidad internacional en la no salida política al conflicto que condena a los refugiados, y esa responsabilidad tiene que tener el reverso en el acompañamiento de la mejora de sus condiciones de vida, marcada por la precariedad y la incertidumbre permanente sobre el futuro. Creo que también, cada vez más, no sólo en el caso del Sáhara, la población nos pide que estemos presentes en el proceso de acompañamiento: que no prestemos sólo ayuda humanitaria, sino que permanezcamos. La presencia internacional en el caso de los campamentos me parece muy emblemática e importante. Es sentida por la población como un apoyo moral, y debe contribuir a fortalecer el tejido social local. Pero esta presencia no puede excluirse del compromiso internacional en la búsqueda de una salida política y la defensa de los derechos humanos. En este caso, los derechos humanos no pueden considerarse ajenos a una estrategia de cooperación.
—En noviembre de 2010 la policía marroquí desmanteló por la fuerza el campamento de protesta Gdeim Izik en las afueras de El Aaiún. ¿Siguen produciéndose estas manifestaciones con la misma intensidad?
—La violencia en el Sáhara siempre ha tenido sus oscilaciones en el tiempo. Se mantiene la militarización, pero las detenciones y las torturas obedecen a un patrón colectivo que ya estaba en relación, la mayor parte de las veces, con la movilización del pueblo saharaui. El campamento de Gdeim Izik fue en realidad una estrategia para realizar alguna acción fuera de las calles, ya que las manifestaciones eran frecuentemente reprimidas por parte de las autoridades marroquíes. Con el tiempo se generó un cerco en torno al campamento, al que se limitó el acceso y se controló militarmente produciéndose el trágico balance de muertos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los saharauis que fallecieron en los incidentes de días posteriores. El niño Zuber Elgarhi murió en el propio campamento por los disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que vimos fue una agudización de la violencia que derivó luego en esos días de la ira y en la represión masiva, pero el campamento de Gdeim Izik también mostró la voluntad del pueblo saharaui de escapar de esa represión, su capacidad de organización y de establecer un espacio de protección y reconocimiento mutuo. El campamento empezó con 100 o 200 personas, y terminó con 20.000. Hay que tener en cuenta que 20.000 personas constituyen más del 10% de la población saharaui presente en el territorio ocupado por Marruecos. Imagínate una manifestación de cuatro millones y medio de personas en el estado español. Esa es la proporción de gente que se manifestó y que fue reprimida de esta manera tan trágica cuando estaba buscándose una solución. Eso es lo que tiene que cambiar. Marruecos debe entender que la salida política pasa por el respeto de los Derechos Humanos como una condición sine qua non para una convivencia pacífica en la región y también para la propia democratización del régimen marroquí.
—¿Crees que la creciente inestabilidad política en el Sahel puede influir negativamente en la situación de los saharauis?
—En los campamentos hay preocupación por lo que pueda ocurrir, incertidumbre y malestar. Sin embargo, también podría tener el efecto contrario. Si el conflicto del Sahara se resuelve políticamente, se van a generar mayores condiciones de estabilidad en el Magreb. Lo que no las genera es el mantenimiento de la injusticia, ni aplicar a un caso como el saharaui la estrategia de la desesperación. Bloquear las salidas y hacer que la población se desespere no es una buena salida para el conflicto del Sáhara, ni para ningún otro.
Aquí puedes consultar el informe completo
http://secretolivo.com/2013/03/12/carlos-beristain-aplicar-la-estrategia-de-la-desesperacion-no-es-una-buena-salida-para-el-conflicto-del-sahara/#more-8643
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