Carta APDHE Pte Gobierno, Portavoces G.P. Congreso y Senado

 

Asociación Pro Derechos Humanos de España Miembro Afiliado Federación Internacional de Derechos Humanos

 

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Madrid, 14 de marzo de 2013 Sr. Presidente del Gobierno y Portavoces en Congreso y Senado de los diferentes Grupos Políticos: La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) denuncia las recientes condenas dictadas por un tribunal militar en Rabat (desde cadenas perpetuas a 20 años de prisión) contra 24 presos políticos saharauis que fueron detenidos en noviembre de 2010 durante el «brutal desmantelamiento» del campamento Gdeim Izik, en El Aaiún, Sahara Occidental.

 

Treinta y ocho años después de la invasión de dicho territorio a través de los ilegítimos "Acuerdos de Madrid", comprobamos lamentablemente cómo las constantes violaciones de Derechos Humanos siguen siendo el triste legado de la firma de dichos Acuerdos. Por tanto, en consecuencia con nuestra carta de 9 de enero de 2012, CONSIDERAMOS:

 

1.- Decepcionante y reprobable la complicidad de numerosos Estados, incluida España, que permite al Rey de Marruecos ignorar los incuestionables argumentos de legalidad internacional, que deslegitiman su consideración unilateral del Sáhara Occidental, como parte de su territorio. Esta actitud de dejación de la responsabilidad por parte de estos Estados favorece que en la actualidad "otros militares" prosigan infligiendo dolor y sufrimiento a los nietos de los saharauis españoles que hace 38 años fueron arbitrariamente detenidos, torturados, asesinados, hechos desaparecer, condenados al exilio y expoliados de todos sus recursos. Mediante condenas que pretenden ser ejemplarizantes como la que nos ocupa, se sigue menospreciando a la generación de los jóvenes saharauis, que vienen luchando pacíficamente por la libertad y por los derechos económicos y sociales de su pueblo, después de la firma de los acuerdos de paz de 1991.

 

2.- Bajo estas condiciones de sometimiento infligidas por Marruecos, resulta inadmisible que la misión de la ONU en el territorio (MINURSO) carezca de competencias para informar y denunciar las violaciones individuales y colectivas de los derechos humanos perpetradas por Marruecos, en el territorio que le ha sido asignado para su supervisión.

 

El Consejo de Seguridad de la ONU permite la dilación sine die de que se lleve a cabo el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y no reacciona ante procesos militares injustos y arbitrarios celebrados en Rabat por un tribunal extraterritorial, incompetente para enjuiciar hechos fuera del Reino de Marruecos, según la propia doctrina y resoluciones de este Organismo. 3.- Nos parece censurable la incoherencia del Gobierno español, que destaca supuestos avances democráticos de Marruecos, pero no manifiesta su protesta por el juicio contra nietos de ciudadanos españoles, juzgados por un tribunal militar, acusados de terrorismo, en un procedimiento sin garantías, según apreciaron los observadores internacionales, sin pruebas y tras someter previamente a torturas a los condenados. El único acto de terrorismo de Estado, de crimen contra la humanidad, fue la invasión del Territorio No Autonomo del Sahara Occidental por parte de Marruecos, que asumió sin legitimidad internacional las funciones de Potencia Administradora, en contra del Art.73 / Cap. XI de la Carta de las Naciones Unidas. Sr. Presidente del Gobierno, Portavoces en Congreso y Senado de los diferentes Grupos Políticos que conforman esta legislatura: Mientras la Comisión Europea y las autoridades marroquíes negocian las condiciones de renovación del Acuerdo de Pesca Unión Europea-Marruecos, y el marco de aplicación del tratado de libre comercio de productos agrícolas, la continuada complicidad de algunos gobiernos democráticos permite que Marruecos viole sistemáticamente los derechos humanos y haga caso omiso a las resoluciones del Parlamento Europeo, como la reciente de 7 de febrero que exigía la liberación de todos los presos políticos saharauis. La respuesta a esta resolución han sido las duras e ilegales condenas emitidas en el juicio de Rabat.

 

Por tanto, la APDHE solicita del Gobierno de España, como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, las gestiones para la inmediata liberación de todos los ciudadanos saharauis encarcelados, tanto en Marruecos como en las zonas ocupadas, desde 1975, y la exigencia a la Comisión Europea de que cancele las negociaciones de renovación del Acuerdo de Pesca UE–Marruecos, así como del resto de acuerdos que la UE tiene firmados con Marruecos, como el de libre comercio de productos agrícolas. Asimismo,

SOLICITAMOS de nuestro Gobierno y Partidos Políticos:

A) LA DENUNCIA de los "Acuerdos de Madrid", y del Decreto RD2258/76 (10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.

B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y así mismo, los que demuestren con las documentaciones correspondientes, su derecho a obtener la nacionalidad española.

C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y al igual que el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la "Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental", como protección de la vida de sus habitantes, recursos naturales y su promoción, como TNA hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente. Y con el fin inmediato de conseguir:

(a) El mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional.
(b) La resolución del conflicto por medios pacíficos.
(c) El restablecimiento de los Derechos Humanos, y
(d) El respeto del derecho a la Autodeterminación En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración.

 

Jose Antonio Gimbernat Presidente

C/c: Juan Carlos I Rey de España, Pte del Congreso, Pte del Senado, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, partidos politicos en Congreso y Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Ministerio de Justicia, Parlamento Europeo, Union Internacional de Juristas, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y organizaciones acreditadas en el mismo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Strausbourg), medios de comunicación.