José Morales Brum, activista uruguayo y residente en Lanzarote, Islas Canarias, tras sufrir un calvario de persecuciones a lo largo del último año, en el que se le abrieron dos expedientes de expulsión solo en base a informes policiales por su significada participación en los movimientos sociales de Lanzarote, ha sido finalmente expulsado en la tarde del martes 12 de junio de 2012.
Esta decisión ha sido adoptada por un instrumento político, sin intermediación judicial ni de ningún otro tipo, como es la Delegación del Gobierno, que no ha tenido en cuenta las pruebas documentales y testifícales que se han aportado en contra de las afirmaciones vertidas en los respectivos expedientes, siendo en este caso Juez y parte al limitarse a ratificar el contenido de la denuncia fabricada por la Policía.
Lo que hace particularmente grave esta expulsión es el uso de una perversa norma legal con fines aún más turbios. En efecto, la modificación de la Ley de extranjería hecha por el anterior gobierno del PSOE introdujo un procedimiento sumarísimo que deja sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la comunidad inmigrante, al darle absoluta preminencia a los informes policiales.
En este caso, además hemos visto como, en primer lugar por parte del PSOE se encubre e impide aclarar lo que era el auténtico problema que se dio cuando un funcionario policial, franco de servicio, fotografió a los participantes en un acto de recibimiento a los niños sahararuis que llegaban a Lanzarote dentro del programa vacaciones en paz. ¿Actuaba ese policía en una misión al servicio del estado español o formaba parte de la “intensa colaboración” que se impulsaba con las fuerzas policiales marroquíes?
El segundo expediente es fabricado contra José Morales y otros seis activistas, que al ser canarios aún no pueden ser expulsados, pero si sancionados, con la finalidad de amedrentar a un potente movimiento social en contra de las injustificables prospecciones petrolíferas de la multinacional REPSOL. Forma parte de la acreditada actitud despótica del actual ministro de industria y de una concepción del uso privativo de los servicios del estado. Se usa así a la policía para defender a una determinada posición política en un momento de intenso debate social, y con la finalidad de eliminar a las personas que más activamente participan e impulsan la movilización ciudadana.
Estas acciones contienen un trasfondo político hostil contra José Morales Brum, ciudadano perfectamente integrado desde hace casi una década en nuestra sociedad y padre de una niña canaria que también se está viendo afectada por la actuación desalmada de las autoridades españolas.
El ensañamiento político es ya claramente innegable cuando el procedimiento de expulsión se acelera al denunciar José Morales Brum la grave intromisión en su honor por parte del Delegado del Gobierno en Canarias que pretende enturbiar las auténticas razones de su expulsión, intentando revivir hechos claramente negados
en resoluciones judiciales, con la única finalidad de debilitar el apoyo a José Morales.
Los procedimientos legales en contra de esta expulsión seguirán su curso y estamos convencidos de que no pueden terminar sino con la vuelta a Canarias de José Morales. No cejaremos hasta que esto se produzca, pero tampoco cejaremos hasta que los responsables de este claro caso de abuso de poder respondan por sus arbitrariedades.
Plataforma Canaria Contra la Represión Política,
Canarias, 12 de junio de 2012.
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