En estos meses pasados, y a raíz de la construcción del campamento de Gdeim Izik y su posterior destrucción brutal y violenta a cargo de las fuerzas del orden marroquíes, varios ministros y representantes del partido del gobierno (Ramón Jáuregui, Alfredo Pérez Rubalcaba, Trinidad Jiménez, Marcelino Iglesias, el propio Presidente Zapatero...) han venido manejando razones falseadas, argumentos erróneos e interpretaciones inadecuadas para valorar la posición española en relación con el contencioso que afecta al Sáhara Occidental. Su reiteración daba a entender una clara intencionalidad política de favorecer la discutible e irregular posición del Reino de Marruecos.
No dejan de sorprendernos recientes actuaciones y manifestaciones de la Ministra de Asuntos Exteriores, en las que consideraba que merecía la pena haber sido prudente en la defensa de los derechos de la población saharaui dando por buenas las informaciones que le llegaban desde el Gobierno marroquí.
Y ello, a pesar de las detenciones ilegales e injustificadas y de las torturas que se habían producido y se seguían ejerciendo, del asesinato de un joven saharaui por la policía de Marruecos y sin que los informes de organismos internacionales de reconocido prestigio -el último del Centro Robert Kennedy, denunciando el incremento de los abusos contra la población saharaui- tengan, al menos, idéntico crédito para ella que las informaciones de su homólogo marroquí, avala la idea de que esa intencionalidad decididamente favorable a la posición marroquí se hace más explícita e insistente.
Todavía en estos días pasados, en las fechas en las que se realizaba el referéndum de Sudán del Sur, en el que 3,9 millones de sudanesas y sudaneses han sido llamados a las urnas, se permitió valorar como inadecuada y sin condiciones la posibilidad de un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara.
Manifestaciones que tienen su refrendo en las acciones diplomáticas que protagoniza estas últimas semanas con viajes a Francia, Moscú y Estados Unidos, en los que pretende defender y justificar las actuaciones políticas de Marruecos, en apoyo de una negociación de mínimos que aparque la reivindicación del derecho a la libre expresión del pueblo saharaui. Esta misma semana la ministra de Asuntos Exteriores se ha entrevistado, en Nueva York, con el Secretario General de NNUU, Ban Ki Moon y con su Enviado Especial para el Sáhara, Christopher Ross, así como con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Al poner en evidencia estas actuaciones queremos insistir en el peligro que supone el que España avale acuerdos en el Parlamento europeo y en el español, amplificados por las declaraciones de Parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los que el PSOE está presente o juega un papel hegemónico, que no se corresponden con las actuaciones ministeriales que, entendemos, rompen la llamada “neutralidad activa” y hacen de nuestro Gobierno un aliado de la dictadura marroquí, compartiendo no sólo intereses económicos y políticos sino también el mismo desprecio por el pueblo saharaui y sus sufrimientos. Por si no nos llegaba con las informaciones de Wikileaks en ese sentido aquí anotamos nuevas evidencias.
España ha abdicado de sus responsabilidades como potencia colonial del Sáhara Occidental y pretende ratificar el engaño que se practicó en 1975 con los saharauis, convertidos entonces en rehenes de los Gobiernos de España y Marruecos. Y con ello se deslegitima para jugar un papel que podría haber sido determinante en la solución de este contencioso.
Un cambio de fondo en su posición diplomática de la que es abiertamente responsable el Gobierno Zapatero y su Ministra de Asuntos Exteriores y que la hace acreedora a un premio, que estudiaremos instituir, y para el que tiene las mayores posibilidades, al Engaño del Año con el Pueblo Saharaui.
La desgracia en este caso es que lo hace en nombre de todos nosotros y no en el propio.
Rabat, 31/01/2011 (SPS).- Un grupo de jóvenes marroquíes difundió una convocatoria en la red social "Facebook" para organizar protestas el 27 de febrero de 2011 frente a las prefecturas, wilayas de todas las regiones y la autoridad central en las ciudades y pueblos en Marruecos para exigir la libertad de participación política, la alternancia en el poder,los derechos humanos y empleo.
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