Estas personas ya recibieron una negativa de la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior tras cursar su petición en frontera, dos días después de arribar a las costas de Canarias, el pasado 7 de enero.
Todos solicitaron entonces que sus peticiones fueran reexaminadas por considerar que la inadmisión no era procedente, ya que alegaban ser saharauis y que, como tales, estaban sometidos a persecución por parte de las autoridades marroquíes.
ACNUR, entidad encargada de informar todas las solicitudes que se cursan en España, recomendó al Gobierno en su dictamen que admitiera a trámite las peticiones para poder estudiar en profundidad caso por caso. Las recomendaciones de este organismo no son vinculantes, pero ha insistido en que hay indicios fundados para la admisión.
Sin embargo, completado el plazo y realizado el reexamen, el Gobierno inadmite las solicitudes, de nuevo, por considerar que los casos no se ajustan a las previsiones de la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria en vigor. Según ha explicado esta semana el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Senado, los 17 extranjeros no acreditaron proceder del Sáhara.
Esto, en el procedimiento en frontera, supone de facto la denegación de asilo, porque al no haber trámite en curso, los extranjeros, que se encuentran en un Centro de Internamiento, no tienen permiso para residir en España y sobre ellos pesa una orden de expulsión.
No obstante, contra la decisión Administrativa cabe recurrir a los tribunales, extremo al que CEAR está dispuesto a acudir a petición de los solicitantes porque considera que hay suficiente base para hacerlo. En este caso, se podría solicitar una medida cautelar que impidiera la expulsión de los extranjeros en tanto se dirime el proceso, conforme ha explicado Valiente.
(EUROPA PRESS)
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