En 2010, las condiciones de derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental fueron desiguales y, en algunos aspectos, decididamente pobres. El Gobierno utilizó leyes represivas y tribunales complacientes para castigar y encarcelar a opositores pacíficos, especialmente a aquellos que violaron los tabúes y las leyes contra las críticas al rey o la monarquía, cuestionaron la “marroquinidad” del Sáhara Occidental o “denigraron” el islam.El Gobierno es especialmente duro con las restricciones de los derechos en la agitada región del Sáhara Occidental, sobre la que Marruecos reclama su soberanía y que administra como si formara parte de su territorio nacional. Un movimiento independentista en el exilio, el Frente Popular para la Liberación de Saguía al-Hamra y Río de Oro (el Frente Polisario), exige un referendo que incluya la opción de la independencia. Con los años, las autoridades marroquíes han encarcelado a muchos defensores pacíficos de este movimiento, mientras proponen una autonomía bajo soberanía marroquí.
Terrorismo y antiterrorismo
Cientos de presuntos extremistas islamistas detenidos después de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 siguen en prisión. Muchos fueron condenados en juicios injustos después de haber estado detenidos clandestinamente y ser sometidos a maltrato y a veces incluso a torturas. Algunos fueron sentenciados a muerte, una pena que Marruecos no ha abolido a pesar de no haberla ejecutado desde 1993. A partir de los ataques terroristas de 2007, la policía ha detenido a varios centenares más de presuntos militantes islamistas, muchos de los cuales fueron condenados y encarcelados por pertenecer a una "red terrorista" o por prepararse para unirse a "la yihad" en Irak o en otros lugares.
Los servicios de inteligencia siguieron interrogando a presuntos terroristas en un centro de detención no reconocido en Temara, cerca de Rabat, según testimonios de los detenidos. Muchos sospechosos aseguraron que la policía los torturó durante los interrogatorios, manteniéndolos arrestados sin cargos durante períodos por encima del máximo de 12 días que fija la ley para los casos de terrorismo. Por ejemplo, varios hombres arrestados en marzo y abril en Casablanca y sus alrededores, por sospechas de estar vinculados a al Qaeda, relataron a Human Rights Watch cómo los agentes de paisano los arrestaron sin identificarse ni presentar ninguna orden judicial, les vendaron los ojos y los transportaron a un centro de detención secreto, que creen que era el de Temara, y los recluyeron e interrogaron durante 36 días antes de transferirlos a una prisión regular. La mayoría aseguró haber sufrido torturas. El Gobierno denegó formalmente estas acusaciones a Human Rights Watch e indicó que los arrestos y detenciones en esos casos fueron llevados a cabo de acuerdo con la ley.
En agosto, se difundieron imágenes grabadas por la CIA de Estados Unidos en las que se podía ver cómo Estados Unidos transportó en 2002 al presunto terrorista Ramzi Benalshibh a Marruecos, para ser interrogado en un centro secreto dirigido por las autoridades marroquíes, antes de enviarlo a Guantánamo. Las autoridades marroquíes niegan operar prisiones secretas.
Enfrentar los abusos del pasado
Tras el trabajo pionero de la Comisión de Igualdad y Reconciliación (CIR) de Marruecos, completado en 2005, el Gobierno reconoció su responsabilidad por las "desapariciones" y otros abusos graves cometidos en el pasado, y compensó a aproximadamente 16,000 víctimas y sus familiares. Sin embargo, no se tiene conocimiento de ningún funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes que haya sido procesado por las violaciones cometidas durante el período investigado por la CIR, que va de 1956 a 1999, y el Gobierno aún no ha implementado la mayoría de las reformas institucionales recomendadas por la CIR para evitar abusos en el futuro. En septiembre, el Estado dijo que convertiría algunos de los centros más conocidos que sirvieron como prisiones secretas en monumentos para la "preservación y rehabilitación de la memoria”.
La conducta policial y el sistema de justicia penal
Los tribunales rara vez proveen juicios justos en los casos con matices políticos. Los jueces ignoran rutinariamente las solicitudes de exámenes médicos de los acusados que aseguran haber sido torturados, se rehúsan a citar a declarar a testigos exculpatorios y los condenan en base a confesiones aparentemente forzadas. El 16 de julio, el Tribunal de Apelaciones de Rabat confirmó el fallo de 2009 de los 35 acusados del caso conocido como "Belliraj", culpados de formar una red terrorista. El tribunal mantuvo la cadena perpetua impuesta al presunto cabecilla, Abdelkader Belliraj, aunque redujo las sentencias de cinco acusados que eran importantes personalidades políticas a 10 años de cárcel. Al igual que en el primer juicio, el tribunal de apelaciones basó su veredicto de culpabilidad casi exclusivamente en las "confesiones" de los acusados a la policía, a pesar de que la mayoría de ellos rechazó estas declaraciones ante el juez. El tribunal se negó a investigar las alegaciones de tortura, detención en prisiones secretas y la falsificación de las confesiones.
Las autoridades encarcelaron a los activistas pacíficos independentistas saharauis Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Ahmed Naciri, tras arrestarlos el 8 de octubre de 2009. Otros cuatro activistas saharauis arrestados en ese momento fueron dejados en libertad bajo fianza. La policía detuvo a los siete activistas cuando regresaban de una visita pública sin precedentes, a la que asistieron junto a los líderes del Frente Polisario, a unos campos de refugiados saharauis cerca de Tindouf, Argelia. Un juez de Casablanca remitió el caso a un tribunal militar bajo el argumento de que las supuestas ofensas suponían un atentado contra "la seguridad externa del Estado" al dañar "la integridad territorial de Marruecos", pero, casi un año después, el juez militar devolvió el caso a un tribunal civil bajo el cargo menos grave de "dañar la seguridad interna [de Marruecos]". El juicio arrancó el 15 de octubre y fue inmediatamente aplazado, cuando tres de los acusados cumplieron su segundo año de detención preventiva.
Los estudiantes saharauis Abdellah Daihani y Ali Toumi fueron liberados en abril tras cumplir seis meses de condena por "insultar a las instituciones estatales". Su ofensa consistió en proclamar durante un debate político con otros pasajeros en un tren que no reconocían ni la policía ni el Estado marroquíes.
Libertad de asociación, asamblea y movimiento
Marruecos cuenta con miles de asociaciones independientes, pero los funcionarios del Gobierno impiden arbitrariamente la legalización de algunas, socavando su libertad de operación. Entre los grupos afectados destacan los que defienden los derechos de los saharauis, los imazighen (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los graduados universitarios desempleados. También se encuentran asociaciones benéficas, culturales y educativas, entre cuyos líderes hay miembros de Justicia y Espiritualidad, un movimiento a escala nacional que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del rey.
El Gobierno, que no reconoce a Justicia y Espiritualidad como una asociación legal, toleró muchas de sus actividades pero impidió otras. El 28 de junio, la policía arrestó a siete miembros del movimiento en Fez después de que un ex miembro alegara que fue secuestrado y torturado. Según los acusados, la policía los torturó y los obligó a firmar confesiones sin siquiera leerlas primero. Un examen médico llevado a cabo a uno de los acusados indicó que este presentaba heridas cuyo origen parecía coincidir con el momento en que estuvo bajo custodia policial. Al momento de escribir este informe, los siete hombres están siendo juzgados por secuestro y tortura.
Generalmente, el Gobierno tolera la operación de las muchas organizaciones de derechos humanos activas en Rabat y Casablanca, pero en algunas ocasiones los activistas individuales han pagado caras sus denuncias. Chekib el-Khayari, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Rif, está cumpliendo una condena de tres años desde febrero de 2009 por “insultar gravemente a las instituciones del Estado”, y enfrenta infracciones monetarias menores. Las autoridades lo arrestaron después de que acusara a ciertos funcionarios marroquíes de complicidad en el narcotráfico. Un tribunal de apelaciones de Casablanca confirmó el veredicto el 24 de noviembre de 2009.
El coronel mayor retirado Kaddour Terhzaz, nacido en 1937, sigue en prisión después de que en noviembre de 2008 un tribunal militar lo condenara, tras un juicio de un día de duración, por revelar “secretos de la defensa nacional”. Dicha condena tuvo lugar sólo por una carta que el acusado había escrito al rey, en 2005, criticando lo que consideraba un tratamiento poco equitativo para los pilotos que habían sido prisioneros de guerra del Frente Polisario.
En general, las autoridades no obstaculizan el trabajo de las organizaciones extranjeras de derechos humanos que visitan Marruecos. La vigilancia es más estricta en el Sáhara Occidental, aunque las autoridades en El Aiún relajaron el requisito impuesto en 2009 de que los extranjeros debían notificarles antes de visitar a activistas saharauis en sus casas.
Los activistas saharauis disfrutaron de mayor libertad para viajar al extranjero que en 2009, con menos denuncias de que las autoridades confiscaran sus pasaportes, denegaran su renovación o les impidieran abordar vuelos.
La mayoría de reuniones al aire libre requieren de una autorización del Ministerio del Interior, el cual puede denegar su permiso si piensa que existe la posibilidad de que “alteren el orden público”. Si bien muchas manifestaciones públicas transcurren sin interrupciones, miembros de la fuerza policiaca armados con bastones han desmantelado brutalmente varias protestas. Entre los blancos más frecuentes destacan las manifestaciones organizadas en todo el país por facciones de la Asociación Nacional de Graduados Universitarios Desempleados. Por ejemplo, el 31 de marzo, las fuerzas de seguridad interrumpieron y dispersaron una manifestación pacífica organizada por la asociación en Nador, causando varios heridos y deteniendo brevemente a cuatro de los organizadores.
A principios de octubre, miles de residentes saharauis de El Aiún, en el Sáhara Occidental, montaron un campamento de tiendas de campaña a las afueras de la ciudad para denunciar una lista de agravios económicos. Las autoridades negociaron con los líderes del campamento, pero, a primera hora de la mañana del 8 de noviembre, ordenaron a los manifestantes que se fueran y a continuación procedieron a desmantelar el campamento a la fuerza, utilizando en su mayor parte cañones de agua y gases lacrimógenos. La autoridades enfrentaron una fuerte resistencia y hubo muertos entre las fuerzas de seguridad y los civiles. Los saharauis en la ciudad de El Aiún irrumpieron en protestas ese mismo día, con más bajas en ambos lados, incluyendo decenas de hombres y mujeres saharauis que fueron golpeados brutalmente mientras permanecieron bajo custodia policial. Al momento de redactar este informe, Human Rights Watch seguía investigando estos sucesos.
Libertad de prensa
Los medios de comunicación independientes impresos y en Internet investigan y critican a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero enfrentan hostigamiento y persecución cuando cruzan ciertas líneas. La ley de prensa incluye condenas de prisión por la divulgación “maliciosa” de “información falsa” que pudiera alterar el orden público o por las expresiones difamatorias, ofensivas contra los miembros de la familia real, o que denigren “el islam, la institución monárquica o la integridad territorial”, es decir la reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
El provocativo e independiente diario árabe Akhbar al-Youm resurgió como Ahkbar al-Youm al-Maghrebiya después de que un tribunal cerrara el periódico, el 30 de octubre de 2009, por publicar una viñeta cómica sobre el primo del rey Mohammed VI que presuntamente era irrespetuosa. Sin embargo, el limitado campo de los medios independientes serios perdió varias publicaciones clave en 2010 con los cierres, por razones financieras, de los semanarios Nichan y Le Journal, así como el diario al-Jarida al-Oula. Los dos últimos habían sido objeto en años recientes de numerosos enjuiciamientos, algunos de ellos políticamente motivados, por difamación y otras ofensas.
El 12 de junio, el rey indultó al único periodista en prisión durante el primer semestre de 2010, Driss Chahtane, editor del semanario al-Mish’al. Chahtane cumplió ocho meses de una condena de un año por la “maliciosa” publicación de “noticias falsas” sobre la salud del rey.
La televisión estatal marroquí brinda un discreto margen para el periodismo de investigación, pero muy poco para críticas directas al Gobierno u oposiciones abiertas en asuntos clave. En mayo, el Ministerio de Comunicación anunció que las cadenas extranjeras, que cuentan con una gran teleaudiencia en Marruecos, deben obtener una autorización antes de filmar fuera de la capital. El ministerio denegó por segundo año consecutivo acreditar a dos corresponsales locales de Al Jazeera sin justificación alguna y, el 29 de octubre, anunció la suspensión de las actividades del canal en Marruecos porque “distorsionó gravemente la imagen de Marruecos y perjudicó de forma manifiesta sus intereses generales y, más notablemente, su integridad territorial”, una aparente alusión al Sáhara Occidental.
Libertad religiosa y cultural
En el año 2010, Marruecos expulsó sumariamente a más de 100 protestantes de nacionalidad extranjera entre los cientos de residentes legales en el país. Las autoridades informaron oralmente a algunos de que habían violado leyes contra el proselitismo, pero no los acusaron formalmente antes de obligarlos a marcharse. En otros casos, las autoridades les dijeron a las personas que sus salidas constituían “necesidades urgentes para el Estado o la seguridad pública”, una formulación legal que permite las expulsiones inmediatas sin cargos o el debido proceso.
En abril de 2010, el Ministerio del Interior emitió un memorándum con instrucciones para facilitar a los padres el registro de nombres imazighen (bereberes) para sus hijos recién nacidos. Sin embargo, los registros civiles siguieron rechazando los nombres imazighen en casos aislados, incitando las demandas de activistas imazighen para que el ministerio garantice que todos los funcionarios del registro civil cumplan con la orden.
Violaciones a los derechos humanos por el Frente Polisario
El 21 de septiembre, el Frente Polisario arrestó a Mostapha Selma Sidi Mouloud, un refugiado saharaui que residía en los campamentos de Tindouf, en Argelia, después de su regreso del territorio controlado por Marruecos, el Sáhara Occidental, donde había anunciado públicamente su apoyo a la propuesta marroquí de conservar la soberanía sobre la región a la vez que le otorgaba cierto grado de autonomía. El Frente Polisario alega que arrestó a Salma por “espionaje” y “traición”, aunque el 6 de octubre anunció su liberación. Al momento de escribir este informe, Salma permanece en manos del Frente Polisario, mientras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados trata de reasentarlo en un lugar de su elección.
Actores internacionales clave
En 2008, la Unión Europea le concedió a Marruecos el “estatuto avanzado”, situándolo en un nivel superior al de los otros miembros de la “política de vecindad” de la UE. Marruecos es el mayor beneficiario de Oriente Medio de la ayuda de la UE, después de Palestina, con €580 millones (aproximadamente US$808 millones) para 2011-2013.
Francia es el principal socio comercial de Marruecos y la principal fuente de ayuda oficial para el desarrollo y las inversiones privadas. Francia incrementó su Asistencia de Desarrollo en el Exterior a €600 millones para 2010-2012. Francia casi nunca ha criticado públicamente las prácticas de Marruecos en temas de derechos humanos y apoya abiertamente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental.
Estados Unidos aporta ayuda financiera a Marruecos, un estrecho aliado, que incluye una subvención a cinco años de US$697 millones a partir de 2008 de la Corporación del Desafío del Milenio para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico. En cuestiones de derechos humanos, Estados Unidos continuó elogiando públicamente los esfuerzos de reforma de Marruecos y el progreso de las mujeres. El informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado para 2009 le envió la señal equivocada a Marruecos al comentar favorablemente las condenas de presuntos terroristas sin mencionar las repetidas violaciones de su derecho a un juicio justo que se cometieron sus casos. Representantes de la embajada de Estados Unidos en Rabat le contaron a Human Rights Watch que instaron a Marruecos a reformar su ley de prensa, proveer juicios justos a cristianos expatriados que enfrentan la expulsión y aplicar la ley sobre las organizaciones de forma más consistente, incluyendo el reconocimiento de las ONG de derechos humanos saharauis que actualmente carecen de estatus legal.
En abril de 2010, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó por un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero una vez más se negó a ampliarlo para incluir la observación y protección de los derechos humanos. Marruecos se opone a concederle a la MINURSO dicho mandato, mientras que el Frente Polisario asegura que lo respalda.
El rey Mohammed VI anunció en 2008 que Marruecos retiraría sus reservas a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero esto aún no ha sucedido al momento de escribir este informe. Marruecos no ha ratificado el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional ni la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aunque ayudó a redactar un borrador para esta última.
Capítulo de Informe Mundial: Marruecos y el Sáhara Occidental
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