La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Interior que no expulse de España a los saharauis que llegaron el pasado 5 de enero en patera a Fuerteventura, en las islas Canarias, y cuya petición de asilo fue rechazada por las autoridades españolas. 16 de ellos (en principio fueron 15, pero en las últimas horas se ha sumado uno más) recurrieron la denegación a este tribunal, solicitando que se paralizara su expulsión. Los jueces no han dirimido aún si, cautelarmente, los solicitantes de asilo pueden quedarse en España hasta que se decida sobre su recurso, pero sí han exigido al Gobierno que no les eche antes de que hayan decidido esta cuestión preliminar.
En uno o dos días, previsiblemente, los magistrados aceptarán o rechazarán la paralización cautelar de la expulsión. Luego, si hay caso, tendrán que pronunciarse sobre la denegación de la solicitud de asilo a los saharauis.
En total, fueron 22 los saharauis que llegaron a Fuerteventura en enero con la intención de solicitar asilo en España, alegando que escapaban de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik. El Gobierno admitió a trámite las solicitudes de cinco de ellos y rechazó la de los 17 restantes. 16 de estos últimos recurrieron ante la Audiencia Nacional esa decisión y pidieron que se paralizara su expulsión.
Sin embargo, el Ministerio del Interior había iniciado en las últimas horas los trámites para devolverlos al Sáhara Occidental, pese a que el tribunal aún no se había pronunciado. La policía los había trasladado desde Fuerteventura al Centro de Internamiento de Emigrantes de Barranco Seco, en Las Palmas, como paso previo a embarcarlos en un avión a mediodía de hoy.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, cuyos abogados defienden a los saharauis, aseguró que la decisión de Interior vulneraba el artículo 22 de la Ley de Asilo, que impide la repatriación de los solicitantes de asilo que hayan recurrido la inadmisión de su petición. Se da la circusntancia además de que la identidad de algunos de los solicitantes de asilo ha sido difundida por medios de comunicación marroquíes, lo que los podría convertir en objeto de represalias una vez devueltos a su país.
En uno o dos días, previsiblemente, los magistrados aceptarán o rechazarán la paralización cautelar de la expulsión. Luego, si hay caso, tendrán que pronunciarse sobre la denegación de la solicitud de asilo a los saharauis.
En total, fueron 22 los saharauis que llegaron a Fuerteventura en enero con la intención de solicitar asilo en España, alegando que escapaban de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik. El Gobierno admitió a trámite las solicitudes de cinco de ellos y rechazó la de los 17 restantes. 16 de estos últimos recurrieron ante la Audiencia Nacional esa decisión y pidieron que se paralizara su expulsión.
Sin embargo, el Ministerio del Interior había iniciado en las últimas horas los trámites para devolverlos al Sáhara Occidental, pese a que el tribunal aún no se había pronunciado. La policía los había trasladado desde Fuerteventura al Centro de Internamiento de Emigrantes de Barranco Seco, en Las Palmas, como paso previo a embarcarlos en un avión a mediodía de hoy.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, cuyos abogados defienden a los saharauis, aseguró que la decisión de Interior vulneraba el artículo 22 de la Ley de Asilo, que impide la repatriación de los solicitantes de asilo que hayan recurrido la inadmisión de su petición. Se da la circusntancia además de que la identidad de algunos de los solicitantes de asilo ha sido difundida por medios de comunicación marroquíes, lo que los podría convertir en objeto de represalias una vez devueltos a su país.
No se ha acreditado la "persecución individualizada"
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy en el Congreso que ser saharaui no es condición suficiente como para que aceptado automáticamente como asilado político, y que, en cualquier caso, no se ha podido acreditar que estos solicitantes hayan sufrido "persecución individualizada", como exige la legislación española e internacional. A preguntas del PNV en la sesión de control al Ejecutivo, el líder socialista ha defendido además que se han cumplido las garantías del Estado de derecho. Las solicitudes de asilo fueron rechazadas por ser "contradictorias" e "insuficientes", dos de las razones que recoge la ley.
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