LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 de febrero de 2013.
(EUROPA PRESS)
La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui ha mostrado su repulsa a las condenas impuestas a los saharauis del
campamento Gdeim Izik.
Estas condenas, subrayan, han sido impuestas por los
"arbitrarios" juicios celebrados recientemente por un tribunal militar de
Marruecos en contra de ciudadanos saharauis defensores de los Derechos Humanos,
que formaron parte de Gdeim Izik, el campamento de la libertad, en los
territorios "ocupados ilegalmente por el reino feudal de Marruecos", recordó el
colectivo en un comunicado.
En concreto, indicaron que el pasado 1 de febrero se
constituyó en Rabat el Tribunal Militar que, puntualizó, "sin competencia
alguna, ha juzgado durante más de una semana a 24 saharauis que permanecían
desde noviembre de 2010 en la cárcel de Salé Rabat por haber participado en el
Campamento de Gdeim Izik".
Al respeto, se apuntó que tras permanecer más de dos
años en prisión, los presos políticos saharauis escucharon en la madrugada del
domingo, 17 de febrero de 2013, que el Tribunal Militar de Rabat dictaminara un
veredicto "de extrema dureza, ante la pasividad de la comunidad
internacional".
En este sentido, critican que la sentencia contempla
para nueve saharauis la pena a cadena perpetua, a otros cuatro se les condena a
30 años de prisión, a seis saharauis a 25 años de cárcel, a tres se les condena
a 20 años y dos saharauis se les impone una pena de dos años "ya
cumplidos".
Ante ello, la Asociación Canaria de Solidaridad con
el Pueblo Saharaui manifestó su repulsa hacia las condenas emitidas por un
"vergonzoso tribunal militar que juzga a su antojo a ciudadanos saharauis que
defienden el derecho a la autodeterminación y a la libertad de su pueblo" y
critican la "grave injusticia que una vez más" muestra la "verdadera cara" del
Gobierno marroquí que, inciden, en que "continúa actuando en contra de la
Legalidad Internacional y los Derechos Humanos".
Añaden que el juicio "es considerado ilegal" según el
Derecho Internacional y la propia legalidad de Marruecos, país que ocupa de
forma "ilegal" el territorio, por lo que subrayan "no tiene jurisprudencia sobre
la población saharaui".
Asimismo, exigen al Gobierno de España, "potencia
administradora del Sahara Occidental, y a todas las instituciones que respetan
el derecho y la legalidad internacional, que se opongan a la condena emitida por
el Tribunal Militar marroquí, exigiendo la libertad inmediata de todos" los
presos políticos saharauis.
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