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La violencia estalló cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron a la fuerza el campamento de protesta de Gdim Izik, cerca de El Aaiún.Las autoridades marroquíes deben recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a 25 saharauis e investigar exhaustivamente sus denuncias de tortura, ha manifestado hoy Amnistía Internacional después de que un tribunal militar les impusiese largas penas de prisión.
El domingo, el Tribunal Militar de Rabat impuso nueve penas de cadena perpetua y condenó a otros 14 acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros dos acusados quedaron en libertad tras cumplir en detención preventiva la pena de dos años de prisión que les fue impuesta.
Las sentencias condenatorias se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento de protesta de Gdim Izik en noviembre de 2010, durante los cuales murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y dos saharauis.
“Las autoridades marroquíes han hecho oídos sordos a los llamamientos para que se juzgue a los acusados en un tribunal civil independiente e imparcial. En su lugar, han optado por un tribunal militar donde los civiles nunca son juzgados con las debidas garantías”, ha declarado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Resulta preocupante que las autoridades no hayan hecho tampoco el menor caso a las denuncias de tortura y confesiones obtenidas bajo coacción de los acusados saharauis.”
“El uso de tribunales militares, agravado por el hecho de que las denuncias de tortura no se han investigado, pone seriamente en duda la intención de las autoridades marroquíes y si les preocupa más conseguir una sentencia de culpabilidad que que se haga justicia.”.
Los acusados han asegurado reiteradamente que fueron torturados y sometidos a otros malos tratos mientras se encontraban recluidos, y que los coaccionaron para que firmasen las declaraciones, pero no hay informes de que se haya abierto una investigación oficial sobre estas denuncias.
Amnistía Internacional pide una investigación independiente sobre las denuncias de tortura, y que el tribunal desestime toda prueba obtenida bajo tortura o coacción.
Los abogados de los detenidos han asegurado que impugnarán las sentencias ante el Tribunal de Casación.
Algunos de los cargos presentados contra los acusados —entre los que figuran miembros de organizaciones de la sociedad civil y activistas políticos saharauis— son los de pertenencia a una organización criminal, violencia contra un funcionario público y profanación de un cadáver.
El 8 de noviembre de 2010 se produjo un estallido de violencia cuando las fuerzas de seguridad marroquíes trataron de sacar por la fuerza a las personas que se encontraban en el campamento de protesta de Gdim Izik, situado a unos kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, en el territorio bajo administración marroquí del Sáhara Occidental, y desmantelarlo.
El campamento había sido levantado a principios de octubre de ese año por saharauis que protestaban contra lo que consideran marginación y pedían trabajo y una vivienda adecuada.
Durante el estallido de violencia y con posterioridad, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 200 saharauis. En diciembre de 2010 se practicaron nuevas detenciones.
Más de dos años después, y pese a los insistentes llamamientos de Amnistía Internacional y otros, las autoridades marroquíes siguen sin abrir una investigación independiente e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en relación con los sucesos ocurridos el 8 de noviembre de 2010.
http://www.amnesty.org/es/news/marruecos-saharauis-deben-ser-juzgados-debidas-garantias-2013-02-18#.USNvS-JyF68.facebook
¿Todo esto por las explotaciones mineras? Esos derechos le pertencen a los españoles. Las dejaciones de funciones del Jefe del Estado están creando un perjuicio enorme imposible de reparar. ¡Restauración del Sahara al seno patrio ya!
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