*Fuente: Observatorio Aragonés para el Sahara
Occidental
Bucharaya Beyun, representante en España de la
República Arabe Saharaui Democrática, Ali Salem Tamek, activista saharaui
defensor de los derechos humanos en los territorios ocupados, Rafael Antorrena,
de la Asociación Um Draiga de Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón y Luis
Mangrané Cuevas, vicepresidente del Observatorio aragonés para el Sáhara
Occidental, trasladaron el pasado viernes a los parlamentarios aragoneses
integrantes de la Ponencia Paz para el Pueblo Saharaui su preocupación por la
situación creada por el juicio contra veinticinco saharauis detenidos en los
sucesos acaecidos en el campamento de Gdeim Izik
Ali Salem Tamek, vicepresidente del Colectivo
Defensores Saharauis de los derechos humanos (CODESA), hizo llegar a los
parlamentarios aragoneses su denuncia por el juicio contra veinticinco saharauis
detenidos en los sucesos acaecidos en el campamento de Gdeim Izik, que han sido
condenados a penas que van desde cadena perpetua a 20 años de
cárcel.
Salem ha calificado el proceso de “juicio político”
al ser los detenidos activistas saharauis por la autodeterminación del Sáhara
Occidental, y ha recalcado que “es un juicio ilegal, ya que no hay pruebas y los
detenidos son civiles que han sido juzgados por un tribunal militar”, lo que
demuestra, en palabras del compareciente, que “Marruecos no respeta los derechos
humanos y está muy lejos de la imagen que trata de proyectar cómo país con un
estado de derecho avanzado que respeta las leyes y los derechos
humanos”.
Salem ha expresado también su convencimiento de que
“la sociedad española apoya la causa saharaui” y “cree pero que el Gobierno
central no actúa, aunque debería hacerlo, ya que si es realmente un Gobierno
democrático debería escuchar a sus ciudadanos”, añadiendo que “también debería
prestar oídos a sus antiguos ciudadanos”.
En la Ponencia han intervenido en representación de
las Cortes de Aragón, y de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados
Eduardo Peris (PP), Carlos Tomás (PSOE), Manuel Lorenzo Blasco (PAR), José Luis
Soro (CHA) y Patricia Luquín (IU).
Los integrantes de la Ponencia aprobaron por
unanimidad la siguiente declaración institucional:
LA PONENCIA PAZ PARA EL PUEBLO
SAHARAUI
La Ponencia Paz para el Pueblo Saharaui presenta esta
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL en base a la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim
Izik, a las afueras de El Aaiún, organizado por miles de personas saharauis para
protestar por sus deplorables condiciones de vida, fue disuelto violentamente
por las fuerzas de ocupación marroquíes causando víctimas y
desaparecidos.
Este campamento de más de 20.000 personas pretendía
denunciar la situación en que viven los y las saharauis en el Territorio No
Autónomo del Sahara Occidental, último territorio de África pendiente de
descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una
situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación de sus
recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y
torturas.
En lo que se ha venido en reconocer como el inicio de
la Primavera Árabe, con esa disolución violenta por parte de la fuerza ocupante
marroquí, el régimen de Marruecos procedió a detener y a obtener declaración
bajo tortura a 24 saharauis para responsabilizarlos de la hipotética muerte de
agentes marroquíes en los acontecimientos de la violenta disolución de Gdeim
Izik.
Posteriormente, y a pesar de no tener jurisdicción
sobre el Territorio no Autónomo del Sahara Occidental, el régimen marroquí
procedió a juzgarlos en un tribunal militar que a juicio de numerosos
observadores internacionales no contó con las debidas garantías por falta de
pruebas.
Las armas con las que supuestamente fueron asesinados
los agentes carecían de huellas dactilares de los acusados. Además, sólo se
practicó una prueba forense y no se realizó ningún test de ADN. Tras nueve días
de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí condenó a
nueve activistas a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de cárcel, a otros diez a
penas de entre 20 y 25 años y a los dos últimos a dos años de
cárcel.
Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado
contra el pueblo saharaui, contra su derecho de autodeterminación y su
existencia, ya que se trata de un pueblo sometido permanentemente a violaciones
por parte de la fuerza ocupante marroquí.
Diferentes instituciones europeas, parlamentos
nacionales y el propio Parlamento Europeo han venido sistemáticamente
denunciando estas violaciones y exigiendo que la Misión de las Naciones Unidas
desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el referéndum en
el Sahara Occidental), monitorice el respeto a los derechos humanos del pueblo
saharaui.
El pasado 7 de febrero, la última sesión del
Parlamento Europeo aprobó su mandato para la XXII sesión del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas a celebrar en Ginebra del 25 de febrero al 22 de
marzo donde se solicita, además de una solución justa y duradera al conflicto
mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la libertad de
todos los presos políticos saharauis.
ResolucióndelParlamento Europeo, de 7 de febrero de
2013, sobre el 22º período desesionesdel Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (2013/2533(RSP))[1]
21. Manifiesta su preocupación por el hecho de que
sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide que se
protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos
la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de
manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis;
saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la
necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos
humanos en el Sáhara Occidental; apoya una solución justa y duradera del
conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de
conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas;
Por todo lo anteriormente expuesto, acuerda adoptar
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
- Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la
XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino
de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el
Grupo de 24 presos de Gdeim Izik, recientemente condenados por un tribunal
militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos fundamentales del
pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de
seguimiento de los derechos humanos en el Sahara Occidental y apoyar una
solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación
del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones
Unidas.
- Enviar el presente acuerdo al Ministro de Asuntos
Exteriores, Embajador de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de
Diputados, al Presidente del Senado, Presidente del Parlamento Europeo,
Comisaria Europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a
las Crisis y a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad.
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