Abderrahman Zeyú. 39 años. Originario de El Aaiún,
capital administrativa del Sahara Occidental. Empleado en la Inspección regional
del Ministerio marroquí de la Vivienda. Es uno de los dos únicos presos del
campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik que quedó en libertad después de
que el Tribunal Militar de Rabat leyera los 25 veredictos en la madrugada de
este domingo.
El resto de sus camaradas se enfrenta a duras penas.
Nueve de ellos -uno está en búsqueda y captura- fueron condenados a perpetuidad
y los demás a entre 30 y 20 años de prisión. La condena de Zeyú era de dos años
ya cumplidos. No en vano, todo el grupo de saharauis cumplió dos años y tres
meses de prisión preventiva antes de que se celebrara el
proceso.
Con rostro relajado, este saharaui se pregunta por
qué ha sido liberado. "Creo que es un cálculo político porque me enfrentaba a
los mismos cargos que los demás, mismas acusaciones y mismas
pruebas".
La defensa de sus compañeros tiene todavía unos días
-ocho desde que se dictaron las sentencias- para recurrir en el tribunal de
casación, donde no se pueden presentar nuevos
documentos.
"No tenemos mucha confianza en este instrumento
porque la justicia marroquí no es independiente". Zeyú asegura que si el recurso
no progresa, "no pediremos perdón, ni gracia, ni amnistía, no somos criminales;
los veredictos del Tribunal Militar son políticos".
Transparencia o venganza
El Gobierno marroquí, sin embargo, no ha querido
pronunciarse al respecto de la decisión del juez. "No podemos hacerlo por
respeto a la justicia", según ha declarado a este periódico un responsable del
gabinete del portavoz del Gobierno, para quien el juicio "se desarrolló con una
gran transparencia y respetando todas las garantías".
En opinión de Zeyú, sin embargo, "ha sido una
venganza por lo que se consiguió con Gdeim Izik", el campamento de protesta que
se levantó a 15
kilómetros de la capital de la ex colonia española y que
reunió a más de 20.000 saharauis en 7.000 jaimas en octubre de 2010. Un mes
después era desmantelado a pesar de que Marruecos negociaba con un comité de
saharauis para dar una salida a sus reclamaciones económicas y
sociales.
"Con Gdeim Izik se consiguió que el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (ONU) se plantease la puesta en marcha de una
comisión de investigación para saber qué ocurrió realmente, pero
desgraciadamente fue bloqueada como siempre por el veto de Francia", sigue el ex
detenido.
Zeyú se indigna cuando habla de las pruebas aportadas
en el proceso por la Fiscalía. "Sus únicas pruebas fueron los procesos verbales
de la Policía Judicial y la Gendarmería, que se obtuvieron después de
torturarnos; no hay más pruebas".
Los cargos que según el tribunal han sido probados
son los de formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con
resultado de muerte y mutilación de cadáveres. Aunque según la defensa de los
saharauis y algunos observadores internacionales no hubo pruebas de ADN, ni
autopsias a los cadáveres y en los vídeos que se aportaron no se puede reconocer
a ninguno de los acusados.
Según el testimonio del saharaui liberado, "mis
compañeros han sido atacados ahora a su regreso a la prisión porque durante el
proceso denunciamos a algunos responsables penitenciarios de habernos
agredido".
Zeyún fue detenido el 21 de noviembre (13 días
después del desmantelamiento) cuando pensaba volar a España "para pasar unas
vacaciones". Dice que no formó parte de ningún comité del campamento, pero que
sí lo visitó y lo apoyó moral y financieramente.
Confía en que "podamos ejercer nuestro derecho a la
autodeterminación y tengo esperanza en el futuro", afirma respecto al conflicto
que enfrenta a Marruecos y el Frente Polisario. Pero "no todo está en nuestras
manos; es muy importante la presión internacional y también lo son los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, donde Francia es un gran obstáculo para
nosotros". Zeyún espera "que España se involucre más en el cumplimiento de la
legalidad internacional; tiene con nuestro pueblo una responsabilidad
histórica".
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