Ante la injusta e ignominiosa sentencia del Juicio a
los 24 defensores de los Derechos Humanos de Gdeim Izik, campamento de la
dignidad, declaramos que, constituye un gravísimo atentado a la razón y a las
normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un estado
despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un
aparato legal próximos a la legitimidad democrática, CEAS-Sáhara se permite
reclamar la atención de la opinión pública internacional hacia el carácter
estrictamente político y militar de un proceso que se ha querido presentar como
un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la
justicia.
Tanto la naturaleza del hecho inicial del que derivan
los sucesos encausados, la formación de un campamento de protesta pacífica de la
sociedad saharaui frente a los poderes ocupantes marroquíes destruido
violentamente por estos, como la aplicación de un sistema legal propio del reino
alauita a la población de un territorio no autónomo pendiente de
descolonización, según la doctrina de las Naciones Unidas, o el sometimiento de
una población civil a una jurisdicción estrictamente militar con la disculpa de
la comisión de actos de terrorismo evidencian que Marruecos se esfuerza por
ignorar los mandatos internacionales y pasa por alto razones más que suficientes
para deslegitimar el papel que pretende adoptar en el Sáhara Occidental al que
considera de forma caprichosa y unilateral, más allá de todo derecho o acuerdo,
parte de su propio estado.
Todavía perplejos ante el silencio ominoso con que
este proceso ha sido seguido por los medios de comunicación españoles, de la
potencia que es aún por derecho administradora de este territorio sin
descolonizar, exigimos del Estado español, del Gobierno, del Parlamento y de las
instancias judiciales, que se opongan rotunda y enérgicamente a la
desproporcionada condena, se manifiesten totalmente opuestos a tolerar que su
revisión sea utilizada como moneda de cambio en función de intereses espurios
del reino alauí y soliciten, de forma inequívoca y rotunda, la liberación de
todos los presos políticos y de opinión como parte imprescindible para la
resolución del contencioso que enfrenta al pueblo saharaui contra la monarquía
marroquí.
Es vergonzoso que, los mismos militares que
invadieron el Sahara Occidental hace 37 años quieren condenar, sin ningún tipo
de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de
su pueblo.
CEAS-SAHARA
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