Los observadores
internacionales coinciden en las irregularidades de un proceso que se ha
aplazado dos veces y que ha superado el doble de tiempo que los acusados pueden
permanecer en prisión preventiva. Las detenciones se produjeron tras el
desmantelamiento del campamento de protesta saharaui en El Aaiún, en noviembre
de 2010.
Un tribunal militar de
Marruecos juzga estos días a 24 civiles saharauis por los enfrentamientos de
Gdeim Izik, un campamento de protesta levantado por 20.000 residentes del
Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar derechos sociales
y económicos. El 8 de noviembre de 2010, fuerzas de seguridad marroquís
desmantelaron el asentamiento de forma violenta, provocando cientos de heridos
y las muertes de tres saharauis. Durante el asalto murieron también once
policías de Marruecos, un hecho que se atribuye a la mitad de los 24 detenidos.
Sin embargo, las muertes violentas de los tres saharauis no forman parte de la
investigación marroquí.
Los procesados fueron
arrestados durante los días y semanas posteriores al derribo de Gdeim Izik
excepto uno de ellos, que fue detenido un día antes y ahora se le imputa la
autoría intelectual del levantamiento del campamento. "Le acusan de haber
retenido a los 20.000 saharauis que participaron allí", señala Luis
Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara, que acudió a Rabat
como observador internacional la semana pasada.
Al igual que Mangrané,
juristas de diferentes países y organizaciones como el Consejo General de la
Abogacía española, así como miembros de asociaciones marroquíes de derechos
humanos, han observado cada día las sesiones del juicio cuyo fallo se espera
esta noche, tras darse por concluida la fase de audiencias a los acusados y una
vez que terminen los alegatos finales.
Mangrané presenció la primera
sesión de la vista oral en Rabat. Ese día, la acusación aportó "un cajón
de hierro con bengalas, machetes y cuchillos". "En otra caja había
teléfonos y tarjetas de identidad; eran las pruebas físicas con las que
supuestamente habían matado a los agentes", detalla. "Desde el punto
de vista del derecho internacional, se trata de un juicio nulo porque les está
procesando la potencia ocupante [Marruecos]; no nos merece credibilidad",
añade Mangrané, quien también destaca el hecho de que el fiscal se dirigiera
constantemente al público en lugar de al tribunal, un detalle anómalo. "Parecía
un juicio de cara a la galería".
Vulneración de la ley
Los observadores internaciones
allí presentes coinciden en la falta de garantías procesales y en la
vulneración del derecho internacional y de la propia legislación de Marruecos.
Una de las transgresiones de
la normativa tiene que ver con el tiempo que los detenidos llevan en prisión
preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí
establece un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución del reino
alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24 activistas
se enfrentan a una corte militar.
El juicio comenzó el pasado 1
de febrero después de dos aplazamientos sin justificar, y la vista oral el
viernes 8. En la sesión de ayer, los abogados defensores denunciaron la
ausencia de pruebas incriminatorias. Según los letrados, la acusación sólo ha
podido aportar las confesiones de algunos de los detenidos, unos testimonios
puestos en duda por la sospecha de haber sido obtenidos mediante torturas.
La defensa solicitó en la
sesión anterior pruebas médicas para demostrar dichas torturas, unos episodios
que los procesados corroboran a la vez que insisten en la falsedad de sus
declaraciones, las cuales se obtuvieron, dicen, mediante graves vejaciones y
humillaciones.
"La declaración de uno de
los acusados está firmada con su huella dactilar, pero se trata de una persona
con estudios avanzados", indica Mangrané. Los acusados también insisten en
que su detención y enjuiciamiento obedece a razones políticas, por su activismo
en la defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación del pueblo
saharaui.
Asimismo niegan su
responsabilidad en los hechos que se les imputan: "Pertenencia a banda
armada; utilizar la violencia contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la
muerte a los agentes marroquís, atentar contra la seguridad interior y, a dos
de los detenidos, profanar el cadáver de un policía". Respecto a esta
última acusación, el procurador [fiscal] que ejerce las acusaciones ha
presentado como prueba unas fotografías de extrema dureza, pero en ellas no se
ha podido identificar a ninguno de los inculpados. Además, los testigos
presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados ni siquiera se
encontraban en el lugar de los hechos. Cuando este punto quedó aclarado, la
acusación retiró de la sala a sus propios testigos, según han confirmado
fuentes de Rabat a Público.
Tampoco se han hallado huellas
dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas materiales -hachas,
cuchillos y machetes-, según estas mismas fuentes.
El juicio ha levantado una
oleada de apoyos hacia los acusados. En las cercanías del tribunal, decenas de
saharauis apoyan a los 24 inculpados con pancartas y coreando eslóganes por la
independencia del Sáhara y solicitando su libertad.
Un campamento para pedir
dignidad
La mañana del lunes 8 de
noviembre, la localidad de El Aaiún amaneció envuelta en la habitual calma que
precede a la tormenta. A eso de las 06.00, agentes de la policía y del ejército
de Marruecos accedieron al campamento Gdeim Izik [dignidad], levantado a las
afueras de la ciudad, y lo desmantelaron de manera violenta. Tres semanas
antes, el terreno prestado por familias de pastores saharauis se fue cubriendo
con 7.500 jaimas, las tiendas tradicionales de los habitantes del desierto.
Desde el asentamiento, cerca de 20.000 peronas reinvindicaron al gobierno de
Mohamed VI el cumplimiento de unas condiciones de vida y unos derechos que les
son vulnerados desde que Marruecos ocupó el territorio en 1975. Politólogos
como Noam Chomsky han considerado los sucesos de Gdeim Izik como el detonante
de la Primavera Árabe.
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