Más de dos años en prisión después, un tribunal
militar ha condenado a 22 de los 24 presos políticos saharauis detenidos tras el
desmantelamiento de Gdeim izik. A nueve de ellos los condena a cadena perpetua.
14 a más
de 20 años de prisión. Y dos quedan en libertad por el tiempo que han
permanecido en prisión. La defensa lo considera una condena "brutal", sobre
todo, dicen, porque "en el juicio no se mostró ni una sola prueba que pudiera
hacer dudar de la inocencia de los acusados". Aseguran que "es un día negro para
la justicia marroquí y mundial".
Siete horas de deliberación bastaron para que los
jueces que componían el tribunal militar marroquí que juzgó a 24 presos
políticos detenidos tras el desmantelamiento de Gdeim Izik determinara una de
las sentencias más brutales que se recuerdan en la administración judicial
alauita. Nueve sentencias cadenas perpetuas -una de ellas a un saharaui juzgado
en rebeldía-, 30 años de prisión para otros cuatro ciudadanos saharauis, 25 para
siete más y 20 años para tres de ellos. Dos han quedado en libertad, después de
entender los jueces que con el tiempo que han permanecido en prisión desde su
detención es suficiente como pena.
El juicio, después de varios aplazamientos, se ha
celebrado en nueve días en los que ha habido más de 100 horas de sesiones
interminables. Tras finalizar, en siete horas el tribunal militar dictó la
sentencia que dejó a los abogados de la defensa “perplejos y asombrados”. Inés
Miranda, abogada canaria que da soporte a los letrados que defienden a los
saharauis, aseguró que “no hay fundamento jurídico en la sentencia. No ha habido
ni una sola prueba que ni siquiera pudiera hacer dudar de la inocencia de los
acusados”. Sostiene que “había imprecisión en el número de víctimas”, por las
que se acusaba a los 24 saharauis y “no había ninguna relación entre los hechos
narrados por la acusación y los imputados”.
Además, los abogados de la defensa denuncian que
todas las declaraciones previas de los acusados no se obtuvieron en un proceso
de instrucción normal sino bajo tortura. En el juicio se intentó explicar esta
situación, a lo que, según diferentes fuentes, el tribunal militar ordenaba
silencio porque no era causa que se juzgara la tortura, sino los hechos. Miranda
sostiene que “ha habido continuas irregularidades durante el proceso, comenzando
por la detención, tras el desmantelamiento de Gdeim
Izik”.
Y en qué se basa el jurado para determinar una pena,
otra o la libertad. Pues no queda claro en el relato de los hechos expuestos ni
tampoco en la sentencia. La defensa mantiene que “se trata de un desatino
completo. No había ningún hecho concreto por el que le preguntaran” y destacan
que la Fiscalía marroquí “mostró la foto de varios acusados en el campamento de
Tinduf como un elemento de carga”. La defensa, en el juicio, respondió que
entonces “todo el cuerpo diplomático marroquí debería estar encausado en el
proceso, al reunirse en multitud de ocasiones con miembros del Frente
Polisario”.
Inés Miranda concluye que “ha sido un juicio
político” en “un día negro para la justicia marroquí porque ha tenido un momento
magnífico para demostrar que se está democratizando”. Y extiende la
responsabilidad al señalar que “no deja de ser un día negro para la Justicia en
todo el mundo”.
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