SPS
El Departamento de Estado norteamericano ha confirmado las violaciones de los derechos humanos por parte Marruecos en el Sáhara Occidental y señala que el mandato de la MINURSO sigue privado de un mecanismo para la vigilancia de estos derechos.
En su último Informe Mundial 2010 sobre los Derechos Humanos, el Departamento de Estado señala la existencia de informes que confirman asesinatos cometidos por funcionarios de seguridad marroquíes, así como detenciones arbitrarias y tortura contra los saharauis.
El informe incluye el asalto militar por las fuerzas marroquíes contra los saharauis en el campamento Gdeim Izik el pasado mes de noviembre y el asesinato de jóvenes saharauis Najem El Garhi, de 14 años, en un puesto de control establecido por las fuerzas marroquíes en los acceso al campamento.
Citando informes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y de Human Rights Watch (HRW), el Departamento de Estado señala que las fuerzas marroquíes habían usado "fuerza excesiva" para desmantelar el campamento y que varias casas de saharauis habían sido atacadas en El Aaiún.
Además, el Departamento de Estado asegura que las autoridades marroquíes impidieron a los periodistas marroquíes y extranjeros acceder a El Aaiún en los días anteriores y posteriores al desmantelamiento del campamento, lo que hacía difícil obtener y verificar la información.
Las autoridades marroquíes han arrestado a más de 300 civiles saharauis tras el desmantelamiento del campamento, muchos de los cuales siguen detenidos sin cargos formales presentados en su contra.
Además, "informó que muchos de los que fueron puestos en libertad y la mayoría de las familias de los aún detenidos fueron golpeados y abusados por los funcionarios de seguridad, lo cual fue confirmado incluso por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales'', agrega el informe.
"Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales locales siguieron denunciando los abusos, en particular contra los que reclaman la independencia saharaui", añade el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado informó de que Amnistía Internacional, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales locales habían informado que en muchos casos, los agentes de seguridad habían utilizado o amenazado con utilizar la tortura contra los detenidos''.
Además, varias organizaciones no gubernamentales internacionales y locales confirman que "el número de denuncias a la policía por parte de las víctimas saharauis de violaciones de los derechos humanos es cada vez mayor".
Los defensores de los derechos humanos internacionales y locales a menudo argumentan que los tribunales "se negaron a menudo a ordenar exámenes médicos, o considerar los resultados de los exámenes médicos sobre los casos de tortura contra saharauis", indica el departamento de Estado.
En este punto, el informe cita el caso de 52 saharauis detenidos por las fuerzas marroquíes tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik que en vano pidieron que se les realizaran exámenes médicos para demostrar que fueron objeto de actos de tortura por parte de la policía.
El informe cita que" información creíble indica que las autoridades marroquíes impidieron a algunos periodistas extranjeros reunirse con activistas saharauis".
El Departamento de Estado señala, además, que el rey de Marruecos en su discurso en noviembre pasado-dijo dio orden de una política de no tolerar más a quienes expresan opiniones favorables a la independencia del Sáhara Occidental".
En consecuencia, dice el informe, "los medios de comunicación (de Marruecos) han recurrido a la autocensura, y desde entonces no aparecen opiniones favorables a la independencia o a un referéndum con la independencia como una de soluciones".
El Departamento de Estado norteamericano ha confirmado las violaciones de los derechos humanos por parte Marruecos en el Sáhara Occidental y señala que el mandato de la MINURSO sigue privado de un mecanismo para la vigilancia de estos derechos.
En su último Informe Mundial 2010 sobre los Derechos Humanos, el Departamento de Estado señala la existencia de informes que confirman asesinatos cometidos por funcionarios de seguridad marroquíes, así como detenciones arbitrarias y tortura contra los saharauis.
El informe incluye el asalto militar por las fuerzas marroquíes contra los saharauis en el campamento Gdeim Izik el pasado mes de noviembre y el asesinato de jóvenes saharauis Najem El Garhi, de 14 años, en un puesto de control establecido por las fuerzas marroquíes en los acceso al campamento.
Citando informes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y de Human Rights Watch (HRW), el Departamento de Estado señala que las fuerzas marroquíes habían usado "fuerza excesiva" para desmantelar el campamento y que varias casas de saharauis habían sido atacadas en El Aaiún.
Además, el Departamento de Estado asegura que las autoridades marroquíes impidieron a los periodistas marroquíes y extranjeros acceder a El Aaiún en los días anteriores y posteriores al desmantelamiento del campamento, lo que hacía difícil obtener y verificar la información.
Las autoridades marroquíes han arrestado a más de 300 civiles saharauis tras el desmantelamiento del campamento, muchos de los cuales siguen detenidos sin cargos formales presentados en su contra.
Además, "informó que muchos de los que fueron puestos en libertad y la mayoría de las familias de los aún detenidos fueron golpeados y abusados por los funcionarios de seguridad, lo cual fue confirmado incluso por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales'', agrega el informe.
"Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales locales siguieron denunciando los abusos, en particular contra los que reclaman la independencia saharaui", añade el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado informó de que Amnistía Internacional, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales locales habían informado que en muchos casos, los agentes de seguridad habían utilizado o amenazado con utilizar la tortura contra los detenidos''.
Además, varias organizaciones no gubernamentales internacionales y locales confirman que "el número de denuncias a la policía por parte de las víctimas saharauis de violaciones de los derechos humanos es cada vez mayor".
Los defensores de los derechos humanos internacionales y locales a menudo argumentan que los tribunales "se negaron a menudo a ordenar exámenes médicos, o considerar los resultados de los exámenes médicos sobre los casos de tortura contra saharauis", indica el departamento de Estado.
En este punto, el informe cita el caso de 52 saharauis detenidos por las fuerzas marroquíes tras el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik que en vano pidieron que se les realizaran exámenes médicos para demostrar que fueron objeto de actos de tortura por parte de la policía.
El informe cita que" información creíble indica que las autoridades marroquíes impidieron a algunos periodistas extranjeros reunirse con activistas saharauis".
El Departamento de Estado señala, además, que el rey de Marruecos en su discurso en noviembre pasado-dijo dio orden de una política de no tolerar más a quienes expresan opiniones favorables a la independencia del Sáhara Occidental".
En consecuencia, dice el informe, "los medios de comunicación (de Marruecos) han recurrido a la autocensura, y desde entonces no aparecen opiniones favorables a la independencia o a un referéndum con la independencia como una de soluciones".
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