Asociaciones marroquíes piden que se investiguen las torturas de El Aaiún

Once organizaciones no gubernamentales marroquíes han presentado este viernes en Rabat un informe sobre los "dolorosos" acontecimientos de El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental, que tuvieron lugar tras el desmantelamiento el 8 de noviembre por las fuerzas del orden marroquí del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, que se levantó a unos 15 kilómetros de esta ciudad de la ex colonia española.

Representantes de las once ONG se desplazaron hasta El Aaiún en diciembre y se entrevistaron con autoridades y diputados locales, responsables de los sectores público y privado, partidos políticos, centrales sindicales, abogados y familiares de las víctimas "que sufrieron daños corporales o materiales", así como con algunos detenidos tras el desmantelamiento y los disturbios posteriores en El Aaiún.

En el informe, las ONG recuerdan que los hechos tuvieron lugar en un territorio en conflicto internacional y añaden que en muchos de los testimonios recogidos han percibido "un profundo sentimiento de discriminación entre los saharauis, con respecto a la gente del norte pero también respecto a los saharauis que han abandonado los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) en los últimos años para instalarse en el Sahara Occidental" y alegan que estos grupos reciben más privilegios de las autoridades locales.

Discriminación de los saharauis

En el documento se señala que los actos de noviembre no son "aislados", ya que los enfrentamientos en la zona de 2001 y la Intifada de 2005 también estuvieron basados en reivindicaciones sociales.
Como causas del estallido en El Aaiún, indican que han recogido testimonios que aseguran que la población civil no se ha beneficiado de políticas sociales en el Sahara Occidental, o la corrupción y los abusos de poder de las autoridades locales.
En el informe se destaca que los disturbios que tuvieron lugar en El Aaiún, tras el desmantelamiento del campamento, "no ponían en peligro la seguridad física de civiles y estaban concentrados en instituciones públicas y privadas; un período que se caracterizó por la casi total ausencia de las fuerzas del orden". Un testimonio, continúan, se preguntaba si las autoridades no habían previsto la posible reacción de la población y hasta qué punto no la deseaban.
Muchos de los testimonios recogidos, además, señalaban que se incitó a la "gente del norte" a cometer actos vandálicos contra la población originaria del Sahara Occidental, contra sus casas o sus vehículos, sin que hubiera ninguna reacción por parte de las autoridades policiales.

Cuestiones sin responder

En el informe se preguntan por qué el campamento fue desmantelado cuando se iban a poner en marcha los acuerdos negociados con el comité del campamento y por qué se estaba negociando con un grupo al que luego se acusó de criminal.
Denuncian el uso abusivo de la fuerza en el campamento de madrugada y sin aviso suficiente y afirman que, según sus testimonios, las imágenes distribuidas por las televisiones marroquíes tendieron a presentar una intervención "pacífica" de manera selectiva.
Enumeran en once los muertos entre las fuerzas del orden, corroborando la versión oficial, y dos entre los saharauis, Baby Guerguar, atropellado por un vehículo de las fuerzas de seguridad, e Ibrahim Daoudi.
Se denuncia además la privación del derecho a las víctimas de recibir cuidados médicos, según algunos testimonios.
Según sus datos, unas 160 personas fueron detenidas, muchos de ellos militantes asociativos. De ellos, una veintena han sido derivados a la justicia militar, lo que según la misión es "preocupante" porque se trata de civiles.

Torturas escalofriantes

Los testimonios de torturas recogidos son escalofriantes.
Según el abogado de unos saharauis, cuando llegaron a la sala del tribunal para empezar una vista algunos de ellos presentaban claras señales de golpes, algunos aún sangraban, a otros les habían saltado los dientes y otros aseguraron que sus torturadores les habían orinado encima y que habían intentado violarles.
La misión recomienda que se abran investigaciones independientes para establecer la verdad y las responsabilidades basándose en el derecho a procesos justos.
También critica a los medios españoles "que no han atendido a sus obligaciones deontológicas" y les pide que sean "vigilantes" para "no contribuir a alimentar el odio entre nuestros pueblos".

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/14/internacional/1295016784.html