En la mañana del día 8, se celebró una comparecencia judicial por el expediente sancionador que se les ha abierto por entrar ilegalmente en el país; en ella se decidirá si se prorroga o no el internamiento de los saharauis, que ayer por la noche aún no habían pedido el asilo formalmente y por escrito.
Para ello se desplazará el martes a Fuerteventura desde Las Palmas un grupo de abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), según afirma un portavoz de esta organización, que tendrá que motivar cada solicitud de forma individualizada. "No nos han explicado con detenimiento su situación personal", explicaba ayer uno de los letrados, Luis Álvaro Pérez. "Íbamos a preparar el acto de mañana. Pero sí han manifestado que quieren asilo, y nos han dicho que si los devuelven al Sáhara los matan".
Según algunos parientes, los saharauis que han llegado a España habían participado en el campamento de Agdaym Izik, en las afueras de El Aaiún, desmantelado el pasado 8 de noviembre por las fuerzas del orden marroquíes. El violento desalojo se cobró la vida de al menos 11 militares, y fue seguido de una violenta represión.
Una vez que los solicitantes formalicen la petición de asilo con la asistencia de los abogados de CEAR, el Gobierno tendrá que contestar en un plazo de cuatro días hábiles si admite o no a trámite la petición. Si lo hace, el solicitante queda en libertad y puede moverse libremente por el territorio nacional hasta que se decide si se le concede o no la condición de refugiado. Si se les deniega, tienen dos días para pedir otro examen, que la Administración tendrá que contestar en otros dos. Por lo tanto, en unos 10 días naturales tendría que saberse la suerte de los saharauis en esta primera fase de la petición de asilo. Rubalcaba se limitó a decir ayer que los expedientes se tramitarán "de acuerdo con la ley". Para el Gobierno es una situación complicada para su relación con Marruecos. Dar asilo a los 22 solicitantes implicaría de alguna manera acusar al reino alauí de vulnerar gravemente los derechos humanos en el Sáhara, algo que España ha evitado durante los últimos meses a pesar de los incidentes en torno a la frontera de Melilla y el desalojo del campamento de Agdaym Izik. En todo caso, la admisión a trámite de la solicitud de asilo solo implica que existen indicios de posible riesgo para la persona, y que en consecuencia se estudiará la petición.
En 2006, cuando una oleada de saharauis llegó en patera a las costas canarias para pedir asilo, se registraron más de 200 solicitudes por la represión marroquí que siguió a la llamada intifada saharaui de 2005. El 90% se admitieron a trámite.
"A Marruecos le molestaría que se concediera de forma general el asilo pero al menos tendrían a los jóvenes molestos y reivindicativos fuera del Sáhara, que es su principal objetivo", opina Mohamed Salem Daha, delegado del Frente Polisario en Canarias.
"Muchos de los que han llegado en la patera estaban en busca y captura, pero el Gobierno ha hecho la vista gorda para dejarlos marchar y que no vuelvan a su tierra. Están haciendo lo de siempre, lo que ya hicieron en 2006: facilitar la marcha de los que luchan por su tierra para tener menos problemas", añade.
Un peligroso viaje ante el acoso policial marroquí.
Mohamed Ali Hadad es primo de uno de los saharauis que llegó en patera el pasado miércoles a Fuerteventura huyendo de Marruecos. "Después de lo que pasó en las tiendas de campaña del campamento de Agdaym Izik [en el que participaron unas 20.000 personas, convirtiéndose en la mayor protesta en la zona desde 1975], tenía mucho miedo de la policía marroquí. Un día fueron a buscarlo a su casa, donde vivía con su padre, su madre y sus hermanos. No estaba, pero ya no quiso volver. Se ha marchado porque tenía que huir ¿Cómo no le van a dar el asilo en España? Si le hacen volver se pondría en riesgo su vida".
Salem Fathi relata una historia parecida sobre su cuñado, Aziz Zayka, que también viajaba en la embarcación. "En el Sáhara cada vez hay menos derechos, y menos, y menos. Y ya no hay. Después de lo que ha pasado estos meses, la gente se está marchando para poder vivir tranquila y sin miedo. Mi cuñado llamaba a mi mujer siempre nervioso después de lo del campamento. Todo está muy revuelto".
Los dos quieren ir a visitar a sus parientes al Centro de Internamiento del Matorral en el que viven desde el pasado miércoles, pero primero tienen que hacer una petición por escrito que debe ser autorizada.
En todo caso, los abogados, en la comparecencia que se celebra hoy ante el juez para decidir, entre otras cosas, sobre la prórroga de su periodo de internamiento, tratarán de pedir que este llegue a su fin para todos aquellos de los inmigrantes que tengan vínculos familiares con gente que vive en la actualidad en las islas Canarias.
Para ello se desplazará el martes a Fuerteventura desde Las Palmas un grupo de abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), según afirma un portavoz de esta organización, que tendrá que motivar cada solicitud de forma individualizada. "No nos han explicado con detenimiento su situación personal", explicaba ayer uno de los letrados, Luis Álvaro Pérez. "Íbamos a preparar el acto de mañana. Pero sí han manifestado que quieren asilo, y nos han dicho que si los devuelven al Sáhara los matan".
Según algunos parientes, los saharauis que han llegado a España habían participado en el campamento de Agdaym Izik, en las afueras de El Aaiún, desmantelado el pasado 8 de noviembre por las fuerzas del orden marroquíes. El violento desalojo se cobró la vida de al menos 11 militares, y fue seguido de una violenta represión.
Una vez que los solicitantes formalicen la petición de asilo con la asistencia de los abogados de CEAR, el Gobierno tendrá que contestar en un plazo de cuatro días hábiles si admite o no a trámite la petición. Si lo hace, el solicitante queda en libertad y puede moverse libremente por el territorio nacional hasta que se decide si se le concede o no la condición de refugiado. Si se les deniega, tienen dos días para pedir otro examen, que la Administración tendrá que contestar en otros dos. Por lo tanto, en unos 10 días naturales tendría que saberse la suerte de los saharauis en esta primera fase de la petición de asilo. Rubalcaba se limitó a decir ayer que los expedientes se tramitarán "de acuerdo con la ley". Para el Gobierno es una situación complicada para su relación con Marruecos. Dar asilo a los 22 solicitantes implicaría de alguna manera acusar al reino alauí de vulnerar gravemente los derechos humanos en el Sáhara, algo que España ha evitado durante los últimos meses a pesar de los incidentes en torno a la frontera de Melilla y el desalojo del campamento de Agdaym Izik. En todo caso, la admisión a trámite de la solicitud de asilo solo implica que existen indicios de posible riesgo para la persona, y que en consecuencia se estudiará la petición.
En 2006, cuando una oleada de saharauis llegó en patera a las costas canarias para pedir asilo, se registraron más de 200 solicitudes por la represión marroquí que siguió a la llamada intifada saharaui de 2005. El 90% se admitieron a trámite.
"A Marruecos le molestaría que se concediera de forma general el asilo pero al menos tendrían a los jóvenes molestos y reivindicativos fuera del Sáhara, que es su principal objetivo", opina Mohamed Salem Daha, delegado del Frente Polisario en Canarias.
"Muchos de los que han llegado en la patera estaban en busca y captura, pero el Gobierno ha hecho la vista gorda para dejarlos marchar y que no vuelvan a su tierra. Están haciendo lo de siempre, lo que ya hicieron en 2006: facilitar la marcha de los que luchan por su tierra para tener menos problemas", añade.
Un peligroso viaje ante el acoso policial marroquí.
Mohamed Ali Hadad es primo de uno de los saharauis que llegó en patera el pasado miércoles a Fuerteventura huyendo de Marruecos. "Después de lo que pasó en las tiendas de campaña del campamento de Agdaym Izik [en el que participaron unas 20.000 personas, convirtiéndose en la mayor protesta en la zona desde 1975], tenía mucho miedo de la policía marroquí. Un día fueron a buscarlo a su casa, donde vivía con su padre, su madre y sus hermanos. No estaba, pero ya no quiso volver. Se ha marchado porque tenía que huir ¿Cómo no le van a dar el asilo en España? Si le hacen volver se pondría en riesgo su vida".
Salem Fathi relata una historia parecida sobre su cuñado, Aziz Zayka, que también viajaba en la embarcación. "En el Sáhara cada vez hay menos derechos, y menos, y menos. Y ya no hay. Después de lo que ha pasado estos meses, la gente se está marchando para poder vivir tranquila y sin miedo. Mi cuñado llamaba a mi mujer siempre nervioso después de lo del campamento. Todo está muy revuelto".
Los dos quieren ir a visitar a sus parientes al Centro de Internamiento del Matorral en el que viven desde el pasado miércoles, pero primero tienen que hacer una petición por escrito que debe ser autorizada.
En todo caso, los abogados, en la comparecencia que se celebra hoy ante el juez para decidir, entre otras cosas, sobre la prórroga de su periodo de internamiento, tratarán de pedir que este llegue a su fin para todos aquellos de los inmigrantes que tengan vínculos familiares con gente que vive en la actualidad en las islas Canarias.
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