Fundación
Sahara Occidental. 17-02-2013
ESTA FUNDACIÓN ACREDITÓ A JUAN ANDRÉS LISBONA, ISABEL
MARÍA LOURENÇO, RITA MARCELINO DOS REI, JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE SERRANO Y
ROSARIO GARCÍA DÍAZ PARA QUE ASISTIERAN A LAS SESIONES DEL JUICIO MILITAR
CELEBRADO EN EL TRIBUNAL MILITAR DE RABAT CONTRA 25 PRESOS SAHARAUIS. TRAS LA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN REALIZADA POR ESTA FUNDACIÓN, DE FORMA ININTERRUMPIDA, LOS
DÍA 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2013, CONCLUYE
QUE:
1ª.- En cuanto respecta a la Administración de
Justicia, a pesar de las normas de los instrumentos internacionales de derechos
humanos, ratificados por Marruecos y, a pesar de disponer de una maquinaria
policial y judicial bien dotada, ésta no tiene en cuenta, en el pronunciamiento
judicial, el derecho vigente, vulnerándose en la sede judicial y en dependencias
e instituciones, la legislación de aplicación, haciendo del proceso un proceso
NULO DE PLENO DERECHO.
Fuente: Fundación Sahara
Occidental
2ª.- El Tribunal Militar, encargado del
procedimiento, y que realizó las fases de juicio y decisión, con sede en Rabat,
capital del estado marroquí, es un TRIBUNAL EXTRATERRITORIAL. Su competencia
para enjuiciar los hechos y actos producidos fuera del territorio del Reino de
Marruecos, lo hacen INCOMPETENTE, de conformidad con las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues estos hechos se circunscribieron
al Sahara Occidental, territorio no autónomo, ocupado militar e ilegalmente por
Marruecos (“país ocupante”), contrario al derecho internacional y, por tanto,
fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción de este tribunal militar de
Rabat, siendo todo el proceso llevado a cabo NULO DE PLENO
DERECHO.
3ª.- El tribunal militar de Rabat es INCOMPETENTE a
la luz del derecho constitucional y penal marroquí, de conformidad con el art.
127 de la recién promulgada Constitución del Reino de Marruecos, de fecha 29 de
julio de 2011, al ser un TRIBUNAL DE EXCEPCIÓN, proscrito y prohibido, por lo
que el proceso llevado a cabo adolece de NULIDAD RADICAL. El tribunal militar de
Rabat, presidido por el juez ordinario “Zehhaf”, enjuició, violando el derecho
de aplicación, a 25 civiles saharauis, sin facultades jurisdiccionales para
ello. La forma y tono de interrogar a muchos de ellos, haciéndoles ver que no
tenían los estudios suficientes para pronunciarse sobre la legalidad del
tribunal, resultó absolutamente inadecuada.
4ª.- Como ha constatado esta misión, en la práctica,
la fase de averiguación previa del delito, se ha convertido en la parte
dominante y decisiva en el proceso penal, contaminando éste de forma grave e
irremediable. El sistema de acusación y administración de la justicia, con
relación a pruebas que hayan podido obtenerse ilegalmente es muy deficiente. Ha
sido una realidad constatada por esta Misión, que las violaciones sexuales de
los presos y las torturas como medios de obtención de las confesiones,
realizadas en las dependencias policiales, de la Gendarmería real y de los
cuerpos militares y paramilitares que operan en el territorio del Sahara
Occidental “de facto”, infringidos durante semanas o meses y, cuyas secuelas le
han sido exhibidas al tribunal en fase de plenario y en fase de instrucción con
decenas de denuncias, no sólo no fueron investigados, sino que se les ha
privado, incluida en la fase oral de las pruebas de tales hechos y de la
posibilidad de su valoración, produciendo, además, una VULNERACIÓN DEL DERECHO
DE DEFENSA.
5ª.- La celebración de las vistas orales son
señaladas después de años de haber transcurrido los hechos, mediante la indebida
prolongación de la detención en dependencias policiales y penitenciarias,
mediante torturas u otras formas de coacción física y psicológica, suspendiendo
los juicios y manteniendo a los internos a una prisión preventiva contraria a
las convenciones internacionales y a la legislación
marroquí.
6ª.- Esta misión ha constatado que, a pesar del
tiempo transcurrido desde el 8 de noviembre de 2010 en que sucedieron los hechos
y de la capacidad y preparación, tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad
como de los Tribunales y jueces marroquíes, se ha realizado una INSTRUCCIÓN
DEFECTUOSA, INCOMPLETA, SESGADA E ILEGAL. La inexistencia en el proceso de la
identidad y circunstancias de las víctimas fallecidas, inexistencia de autopsias
forenses (requisito inexcusable que determinasen la causa del fallecimiento,
lugar, momento y circunstancia); inexistencia de pruebas dactilográficas y de
análisis de armas blancas supuestamente encontradas en el lugar de los hechos;
inexistencia de estudios morfológicos o de identificación en las filmaciones
realizadas, invalidan, de forma absoluta la sentencia dictada. Puesto que a
ninguno de los acusados se les reconoce en las filmaciones aportadas a la causa,
la instrucción y supuestas pruebas de cargo obtenidas en fase instructora y
aportas en el plenario, están DESCONECTADAS TOTALMENTE DE LOS ACUSADOS y de la
forma en que el procurador del rey formula la acusación. La existencia en el
momento del desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izik, cercado,
rodeado y a disposición de los numerosos efectivos y aparatos del estado, (que
incluyeron medios aéreos y, al menos 5 cámaras de TV), hacen increíble el “modus
operandi” que relata la acusación, incongruente en el relato fáctico, lleno de
lagunas y vaguedades que, hicieron absolutamente imposible, conocer quien o
quienes, de que forma y en que momento, provocaron el fallecimiento delas
víctimas y si esta fue violenta. (los delitos por los que han sido condenados
son además de la profanación de cadáveres y asociación criminal, la de provocar
la muerte).
Esta defectuosa instrucción llevó al procurador del
rey, en fase de plenario y en el mismo día en que se comenzaban las sesiones del
juicio, a presentar de forma sorpresiva, (incumpliendo los plazos legales
previstos) la inclusión en el procedimiento de 9 testigos oculares de los hechos
y cuya declaración podría haber arrojado luz sobre la identificación de los
autores y las circunstancia de comisión del delito. El primer testigo, Hawadi
Radouan, declaró el día 13 de febrero, a las 13:15 hora local, que estaba
presente como fuerza auxiliar y no reconoció a ninguno de los acusados. El
presidente del tribunal, en ejercicio de las atribuciones que dijo tener
conferidas, privó al plenario del resto de los testimonios (8 testigos),
privando de esta manera a las defensas de la posibilidad de probar que los
procesados no habían participados en los hechos
violentos.
Los únicos testigos admitidos y que declararon en el
procedimiento fueron los de la defensa: Mohamed Salmani, Bachir Salmani, Mohamed
Balkasmi, Mohamed Abhaoui y Hassan Dalel,
7ª.- Ausencia de garantías de un debido proceso legal
y una correcta administración de justicia, puesto que los expedientes
policiales, judiciales y la fase de juicio oral, se han visto gravemente
afectada por las actividades políticas y opiniones de los encausados que han
primado sobre los hechos. Habiendo constatado esta Misión por ello, la
inexistencia de una justicia imparcial e independiente en el juicio, debiendo
calificar el proceso de JUICIO POLÍTICO y a los presos, como PRESOS DE
CONCIENCIA.
8ª.- La Misión de observación ha constatado numerosos
vicios en el procedimiento que, debieran haber provocado nulidad de pleno
derecho, desde la fase instructora, en concreto y siempre a la luz del Derecho
que se aplica en el Territorio:
a) La falta constatada (y denunciada reiteradamente
en todo el juicio) de pruebas de cargo presentadas por parte del Procurador
General del Rey y por parte del Juzgado de Instrucción, INVALIDAN TODO EL
PROCESO, ya que no ejercieron su función de garante de la legalidad, vulnerando
el principio de la tutela judicial efectiva (vigente en su sistema penal), y de
presunción de inocencia, aceptando las declaraciones policiales, obtenidas, como
relatan todos los testimonios, bajo inimaginables formas de tortura, SIN PRUEBA
DE CARGO alguna en el procedimiento.
b) Ausencia de identificación de las personas cogidas
por las fuerzas de seguridad, con pruebas inculpatorias en la propia fase
instructora; ello significa que son detenidos arbitrariamente y por el hecho de
su condición de saharauis, miembros de comités y defensores de derechos humanos,
miembros de la Comisión de Negociación de Gdeim Izik o por sus opiniones sobre
la autodeterminación del Sahara Occidental, siendo llevados a centros de
detención, antes, durante o después del campamento de Gdeim Izik, sin relación
con los hechos, permaneciendo durante días en paradero
desconocido.
c) Vulneración del derecho de defensa, mediante una
negación sistemática a la práctica de pruebas exculpatorias, tanto en fase
instructora como en fase de plenario, impidiendo de facto poder demostrar la
inocencia, siendo especialmente groseras las negaciones de práctica de prueba,
solicitadas insistentemente por la defensa, en toda la fase de plenario, médicas
para la demostración de la tortura y testificales muy cualificados como el
Ministro del Interior marroquí y la parlamentaria Gajmoula Ment
Abbi
d) Ausencia de Letrados en las detenciones, en las
sedes policiales y judiciales.
e) Ausencia de comunicación a los familiares de los
detenidos.
f) Utilización de métodos policiales violentos,
torturas y coacciones físicas y de todo orden en sede judicial, realizadas en
presencia del juez de instrucción Bakkali Mohammad, hoy fallecido, para la
obtención de la firma o la huella estampada al final de la redacción de las
confesiones de autoría.
9ª.- Se constata por la Misión la vulneración de los
derechos de libertad de expresión, conciencia, reunión y asociación en el
territorio, pendiente de descolonización por Naciones Unidas y de la celebración
de un referéndum de autodeterminación del pueblo Saharaui; y la expresión de
opiniones políticas, que se realizan en el ejercicio de los derechos civiles
reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Marruecos, son
reprimidos.
En la fase oral. El Tribunal pretendió en todo
momento anular y evitar tales declaraciones; y que solo tras una fuerte defensa
de los letrados y una reunión celebrada a puerta cerrada entre el Tribunal y
estas, les fueron permitidas las mismas.
10ª.- La detención, torturas y condena, así como su
estancia en prisión de los manifestantes saharauis, responde a la política
decidida y sistemática de represión de los activistas políticos que mantiene el
Reino de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, como método de
minimizar el movimiento creciente de la población saharaui de reivindicar el
derecho de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas, defendiendo que se
respeten sus derechos, cuya máxima expresión fue el campamento de Gdeim
Izik.
11ª.- El estado de terror que refieren los
testimonios, los relatos de torturas y represión que han sido relatados en fase
de plenario, vulneran, además del derecho penal marroquí que se les aplicada a
los habitantes del Sahara Occidental, los convenios internacionales suscritos
por Marruecos como son la Convención Internacional sobre la eliminación de todas
las formas de Discriminación Racial (1966), los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y
delito de torturas, (Ratificado por Marruecos).
12ª.- Esta misión de observación pudo constatar que,
las condiciones necesarias para la celebración de un proceso justo, ecuánime e
independiente no se han dado. La excesiva e injustificada presencia policial,
dentro de la sala, en las dependencias del tribunal y en las calles adyacentes,
estas con centenares de vehículos antidisturbios, camiones con cañones de agua
preparados para intervenir, situados en lugares visibles, unido a la presión que
sufrieron los observadores que asistían a la vista dentro de la sala y fuera de
ella, amenazas a los traductores, cuyas familias fueron “visitadas” en el Sahara
Occidental, siendo advertidas claramente de que la actividad de traducción no
era aceptada, inhibidores de frecuencia en toda la zona que impedían la
comunicación telefónica, unido a la presión mediática de los medios de
comunicación marroquíes, que junto con la policía, filmaron y fotografiaron a
los observadores y, en especial, a los presos, siendo difundidas dicha imágenes
en portadas de revistas y periódicos, sin su autorización, constituyen un
ejercicio inadmisible del poder del Estado, que necesariamente ha influido en
esta administración de justicia. Las denuncias de las defensas realizadas ante
el tribunal, no sirvieron para que a los acusados les fueran respetados sus
derechos
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