A sus 24 años, Hassana Aalia
ha sido detenido y torturado en varias ocasiones. Una de esas tantas
detenciones fue a raíz de su participación en el campamento de Gdeim Izik, a
las afueras del El Aaiún. Ayer se reanudó en un tribunal militar de Rabat el
juicio contra 24 saharauis por aquella protesta. Aalia, refugiado en Euskal
Herria e imputado en este sumario, lo califica de «político».
El campamento de Gdeim Izik
supuso para miles de saharauis un «espacio de libertad» en el que durante 28
días fueron los saharauis los únicos gestores de su día a día. Aquella
protesta, que logró romper el bloqueo informativo impuesto por el reino alauí
en los territorios ocupados y traspasar el muro de arena que hizo construir
alrededor del campamento, acabó de forma abrupta el 8 de noviembre de 2010 con
la intervención de los diferentes grupos policiales y militares que conforman
la Fuerza Pública marroquí.
Hassana Aalia fue testigo del
asalto. «Eran las seis de la madrugada. Todos estábamos durmiendo. De repente,
oí ruidos, por un momento pensé que estaba soñando, pero no, estaban entrando
con una violencia terrible. Tenían todo tipo de armas. Nuestra primera reacción
fue evacuar a las mujeres y niños. Los jóvenes resistimos como pudimos»,
recuerda en la entrevista concedida a GARA.
La represión se extendió a las
calles de El Aaiún, donde grupos de colonos marroquíes, «azuzados y protegidos
por la Gendarmería, entraron por la fuerza en las casas de los saharauis
rompiendo puertas y ventanas. Fueron momentos de gran tensión y mucho miedo.
Entraban en busca de jóvenes saharauis, golpeando a las familias en el interior
de sus propias viviendas y robando sus pertenencias. La Policía animaba por
megafonía a los colonos a salir diciendo que los saharauis iban a proclamar la
independencia».
El clima represivo de aquellos
días, que se saldó con más de 200 detenidos, ha sido una constante en su vida.
«Desde que eres niño tomas conciencia de que vives en un país ocupado». El
hostigamiento y la discriminación, afirma, se palpa hasta en las aulas.
«Hay dos filas con alumnos
marroquíes y otras dos con saharauis. Los profesores siempre trasladan mensajes
negativos hacia los saharauis. Es habitual oírles decir en voz alta que los
saharauis no quieren estudiar, que son malos, que quieren la independencia...
Esa actitud de los propios docentes te genera ya de niño muchos interrogantes.
Hay padres que explican a sus hijos que es consecuencia de vivir en un
territorio ocupado y dividido, que una parte del pueblo saharaui vive refugiada
en Tinduf. Además, a la entrada de cada centro suele haber un vehículo policial
y en el interior también hay agentes vigilando las actividades que organizan
los estudiantes saharauis. Muchos no han podido finalizar sus estudios en
represalia por su activismo político», remarca.
A sus 24 años, ha sido
arrestado y torturado más de una vez. La primera fue en octubre de 2005, a los 17 años, por
«participar en una manifestación pacífica a la salida de la escuela». Estuvo
dos días retenido. «Los maltratos comenzaron en la misma calle donde fui
arrestado y siguieron dentro del vehículo. Ya en comisaría, me desnudaron, me
colgaron boca abajo durante varias horas, no me dejaron beber agua...».
En otra ocasión, estuvo una
semana desaparecido junto a un amigo. «Nos tuvieron tres días con una venda en
los ojos, sin ropa ni mantas pese a que era una época de mucho frío. Nos
sometieron a todo tipo de torturas, mientras nos hacían preguntas sobre cómo
confeccionamos las banderas saharauis, cómo nos organizamos».
En otra de las detenciones, le
llevaron durante seis horas a la orilla de un río a las afueras de El Aaiún,
donde «hicieron un agujero en la tierra y me amenazaron con enterrarme».
Su voz se entrecorta al
recordar otros episodios tan crudos como el de una madre vejada y golpeada
frente a su hijo de doce años, que también fue agredido. «A la mujer le
quitaron su melfa -túnica tradicional saharaui- delante de su hijo, algo
totalmente prohibido en nuestra cultura. Primero la torturaron a ella y luego a
su hijo, a quien golpearon con palos en la cara, espalda...». Su relato se
detiene.
Refugiado en Euskal Herria,
Aalia sigue con inquietud el desarrollo del juicio militar contra 24 compatriotas,
que llevan más de dos años en prisión, acusados de pertenencia a «banda
criminal» y de usar «la violencia contra los hombres de la fuerza pública»
durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Él mismo figura en la
lista de imputados. La vista oral, que ayer se reanudó en Rabat, arrancó hace
justo una semana entre denuncias de organizaciones como Human Rights Watch y
Amnistía Internacional, y ante la presencia de observadores y juristas
internacionales.
«Es un juicio político. Y no
lo digo yo, sino que así lo avalan organismos como AI y HRW. Estas personas
están siendo juzgadas por su activismo a favor de los derechos humanos, por
defender la autodeterminación y los derechos sociales y políticos del pueblo
saharaui. Algunos, incluso, ni siquiera estuvieron en Gdeim Izik», destaca.
Aalia invita a visitar los
territorios ocupados y a romper el silencio. Espera que la presión
internacional ayude a lograr la excarcelación de estos 24 saharauis, y regresar
a El Aaiún para reencontrarse con su familia. Mientras, seguirá dando voz a
quienes ahora no la tienen.
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