Quedan menos de 24 horas para la prevista celebración del juicio de los presos políticos de Gdeim Izik y, sin embargo, ninguno de los familiares y juristas europeos, que han venido a Rabat como observadores internacionales, descartan una posible llamada telefónica que cancele la audiencia, como ya ocurriera en dos ocasiones durante 2012.
Rabat, 31 Enero 2012 - Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa ofrecida por las familias de los presos, en la que han intervenido como representantes de los familiares Fatimatou Dahwar, Mansour Machdoufi, Taoubali Abdelhay y Claude Mangin. También han participado France Weyl, abogada francesa y observadora judicial perteneciente a la asociación francesa Droit-Solidarité y a la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y Khasija Riyadi, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Además, Mustapha Abbedaim, periodista saharaui que coincidió 4 meses con el preso Naama Asfari en la cárcel, ha dado su testimonio sobre las terribles torturas que él sufrió en la misma, añadiendo “Cuando se las conté a Naama me dijo, 'Por lo que has pasado tú, hemos pasado todos'”.
Desde el punto vista jurídico, France Weyl ha querido hacer hincapié en tres puntos de particular gravedad de este caso:
ñ El largo periodo de detención de los 22 presos a esperas de un juicio, que dura ya 27 meses, en contra, tanto de la ley marroquí, como los estándares internacionales. Además las propias condiciones de aislamiento han violado los acuerdos internacionales en derechos humanos.
ñ Las dos anulaciones sine die que ya han tenido lugar en 2012, comunicadas por teléfono poco tiempo antes de cada audiencia. Éstas suponen que los presos, dos años después de su detención, no han tenido ni derecho a ser defendidos, ni a recurrir el proceso, ni a comparecer ante un juez, ya que ni siquiera se ha celebrado un juicio de sus casos.
ñ La incompetencia de un tribunal militar para juzgar en tiempos de paz y además a civiles.
Además, France Weyl ha recordado que ante un caso como éste, en que se baraja la cadena perpetua o la pena de muerte de los detenidos, todo el proceso de encarcelación, recogida de pruebas y juicio debería desarrollarse de la manera más escrupulosa posible. También ha subrayado el hecho de que es inadmisible que la Unión Europea se plantee un estatuto avanzado y relaciones comerciales especiales con un país que no garantiza mínimamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos y ciudadanas
Claude Mangin, también de nacionalidad francesa y esposa de Naama Asfari, preso al que se le atribuye la máxima responsabilidad en la organización del campamento-protesta de Gdeim Izik, ha comenzado su intervención diciendo que, a diferencia de sus compatriotas, el turismo que ella realiza en Marruecos es de tipo “carcelario”, ya que desde que en 2003 se casara con Naama ha tenido que viajar a seis prisiones marroquíes distintas para visitar a su marido.
Claude Mangin ha relatado su paseo por embajadas de distintos páises e instituciones del gobierno de Marruecos que, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada por el Rey Mohamed VI el año pasado, no han podido responder a ninguna de sus preguntas ni peticiones sobre la encarcelación de su marido. “Se han limitado a preguntar información sobre mí. (…). El único que sí me ha respondido, ha sido el Procurador del Rey, que me comunicó en su momento que el juicio no podía tener lugar puesto que no había pruebas, y que el dossier estaba en manos del Rey, que tomará la decisión final”
MansourMachdoufi,representantedelaAsociacióndeFamiliaresdelosPresosPolíticosSaharauisyencargadodelasrelacionesdeéstaconlasautoridades,hahabladodelafalsedaddelactadeacusacionesdeljuez,quehainventadouncuentoenbaseaunainvestigaciónpolicialsindaroportunidadaqueni
los presos, ni testigo alguno, de su testimonio. Los 22 presos están acusados
junto con dos personas más (uno fugado, en orden de busca y captura, y otro
liberado por su límite estado de salud) de organizar el campamento-protesta
para provocar la anarquía en Marruecos, reteniendo contra su voluntad a 20.000
personas en su interior, y de asesinar a una docena de militares cuando
supuestamente pretendían liberar a esas personas retenidas.
“¿Cómo iba un grupo de 24 personas organizar la detención involuntaria
de 20.000? ¿Dónde están los militares argelinos y cubanos supuestamente detrás de
la organización del campamento? ¿Porqué no testifican también los militares marroquíes
a cargo de la operación de desmantelamiento?” son algunas de las preguntas que ha
planteado".
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