Por: Ricardo Sánchez-Serra (*)
14 de febrero 2013
En noviembre del 2010 unos
veinticinco mil saharauis acamparon pacíficamente en Gdeim Izik, en las afueras
de El Aaiún –capital del territorio del Sáhara Occidental ocupado ilegalmente
por Marruecos-para protestar por sus condiciones de vida, falta de trabajo y
vivienda y para exigir la autodeterminación.
Más de tres mil efectivos de
las fuerzas represoras marroquíes rodearon el campamento y mataron dos niños. Mientras
se realizaban negociaciones con los notables saharauis, los militares
marroquíes degollaron a saharauis en El Aaiún –para aterrorizar a la población-
y atacaron el campamento, incendiando todas las jaimas (carpas).
Las cifras de muertos y
heridos difieren. Decenas de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. Las
tres organizaciones humanitarias: Human Right Watch, Amnesty Internacional y la
Asociación Marroquí de Derechos Humanos coincidieron en señalar en que hubo
violencia desmesurada y tortura contra los saharauis.
Desde hace más de dos años
sobre veinticuatro saharauis, detenidos por los marroquíes, pende la “espada de
Damocles”, acusados de matar a once policías durante los eventos de Gdeim Izik
o “Campamento de la Dignidad”. Dos años han estado detenidos sin juicio, que
acaba de empezar en un Tribunal Militar y que puede terminar en la pena de
muerte. Y claro, si las críticas en el exterior son muy fuertes, el feudal rey
marroquí Mohamed VI, podría indultarlos, para aparecer como magnánimo.
Dichos saharauis son
considerados presos políticos por el Parlamento Europeo, que ha exigido su
inmediata liberación y lo ha incluido en la agenda de la delegación para la
XXII reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el texto de los europeos
también se expresa su "apoyo a una solución justa y duradera del conflicto
basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui" y pone de
manifiesto "la preocupación del Parlamento Europeo por el hecho de que se
sigan violando los derechos humanos en el Sahara Occidental", pidiendo que
"se protejan los derechos fundamentales de los saharauis" y "destaca
la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos
humanos en el Sahara Occidental".
El jurista internacional, Carlos
Ruiz Miguel, señala que, como el hecho sucedió en un territorio invadido, se
encuentra bajo el IV Convenio de Ginebra que protege a las víctimas civiles de
conflictos armados. Los procesados, por ejemplo, debían estar detenidos en su
país, el Sáhara Occidental, y no en el territorio del país ocupante. Además, ser
enjuiciados por un tribunal no político, entre otros brillantes alegatos.
El proceso militar es una
farsa. No se enjuicia, por ejemplo, a los que asesinaron a saharauis. Y en el
colmo del absurdo, los agresores enjuician a las víctimas. El juicio es un
instrumento más de la política genocida del gobierno de Marruecos, contra el
pueblo saharaui. El rey Mohamed VI, a lo nazi, y con métodos sofisticados, quiere
exterminar a toda una nación, ante la mirada impávida de la comunidad
internacional.
(*) Periodista. Miembro de la
Prensa Extranjera. Analista internacional.
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