"La policía marroquí entró en mi casa de El Aaiún para buscarme después del desalojo del campamento de Agdaym Izik. Yo había huido al desierto. Rompieron la puerta de entrada. A mi mujer le pegaron con la porra para que dijera dónde estaba yo. Recibió tantos golpes que perdió al niño que esperaba. Lo destrozaron todo. Cuando regresé a El Aaiún, unos días después, me escondí en casas de familiares; cada día en una. Hasta que me di cuenta de que no iban a dejar de irrumpir en sus domicilios si no me marchaba. Entonces empecé a organizar el viaje a España". Aomar Daoudi tiene 35 años. Es una de las 22 personas que llegaron en patera a Fuerteventura el 5 de enero pidiendo asilo político y una de las cinco cuya solicitud ha sido admitida a trámite por el Gobierno. Sus otros cuatro compañeros participaron, como él, en el campamento de Agdaym Izik, violentamente desalojado por la policía marroquí el 8 de noviembre. Todos hacían labores de vigilancia, de control de las entradas y salidas del campamento, según relatan, lo que les hizo especialmente visibles ante las autoridades marroquíes.
"Si regresamos, nos esperan la cárcel y la tortura", afirman. La admisión a trámite de sus peticiones les asegura un permiso de estancia temporal en España que está en sus manos desde el viernes. Por seis meses renovables, hasta que el Gobierno les informe de la resolución definitiva concediendo o denegando el estatuto de refugiado -o la protección internacional subsidiaria, si no cumplen todos los requisitos para serlo pero se considera que su vida o libertad corren un riesgo cierto-. Los 17 cuya solicitud no ha sido admitida a trámite pueden pedir un reexamen, que tendrá que ser resuelto por la Oficina de Asilo y Refugio en dos días.
De los 17 solicitantes que permanecen en el Centro de Internamiento de Extranjeros, el Frente Polisario reconoce a otros ocho como saharauis en riesgo, y pide a España que reconsidere su situación. "Todos tienen miedo de volver", señala Daoudi. "No hay ninguna duda de que acabarán en la cárcel". Los demás serían marroquíes que han pedido asilo para tratar de evitar la expulsión. "El dueño de la patera era un marroquí que suele traer a España droga y gente", relata Ahmed, de 23 años. "Él nos junto a todos, a saharauis con otros que no lo eran". Pagaron entre 600 y 700 euros para huir de El Aaiún. La policía marroquí, dicen, los vio perfectamente y los dejó salir. "Si te salvas y llegas a España, bien. Si no, ellos se han salvado de ti".
Ahmed nunca había tenido problemas con las autoridades. Trabajaba en la pequeña tienda de comida que tenían sus padres en El Aaiún hasta que tuvo que cerrar por la crisis y acabó en paro. El 10 de octubre el gobernador le denegó una ayuda económica y su madre decidió que se incorporaran al campamento, con apenas 20 jaimas montadas, para reclamar derechos sociales.
El día del desalojo -un mes después, cuando congregaba a unas 20.000 personas y se había convertido en una protesta no solo social sino también política-, un policía le rompió el brazo a su madre, asegura, y ni siquiera pudieron llevarla al hospital de Ben Mehdi. "La puerta estaba tomada por civiles marroquíes que nos impedían la entrada". El coche de su hermana acabó incendiado por los policías. Su hermano fue detenido y está preso en la Cárcel Negra. "La policía se ha dedicado a buscar casa por casa a todos los jóvenes que participaron en las manifestaciones o en el campamento". Él decidió esconderse en Tarouma, cerca de Bojador, hasta que la situación se calmara. "Pero no se calmó. Los controles policiales y las detenciones arbitrarias continuaron. Yo había sido vigilante de noche en el campamento y la policía había estado tomando fotos continuamente".
Daoudi y su compañero Abdelgani Kebdana, de 33 años, sí estuvieron presos antes del campamento. Por su activismo político a favor de un Sáhara libre y su participación en manifestaciones. "Me metieron en la cárcel por exhibir banderas saharauis", relata Kebdana. "Cuando salí, me interrogaban y vigilaban todo el tiempo". En una de las detenciones, con golpes incluidos, según relata, le vendaron los ojos para que no viera adónde lo llevaban. "Tienen comisarías ocultas", afirma.
Tras el desalojo, en el que asegura que la policía marroquí usó armas de fuego -lo que ha negado Rabat-, se fue a esconder al desierto con Daoudi y otro amigo, Kamal Bahaha, de 27 años, que también está con ellos. Han permanecido juntos desde el 8 de noviembre. Todos relatan las mismas historias de acoso hacia sus familiares. "A mi mujer le rompieron la mandíbula y los dientes en el desalojo del campamento", dice Bahaha. "Mi hijo de seis años caminó descalzo, huyendo, los 16 kilómetros que separaban el lugar de El Aaiún. Yo me escapé al desierto, y la policía fue a buscarme a casa de todos mis familiares. Rompían las puertas y lo destrozaban todo".
Los cinco salieron el viernes por la noche del CIE hacia la comisaría de Puerto del Rosario, donde les dieron la documentación. Una trabajadora de la Cruz Roja les llevó después a un centro que tienen en la isla. Durante el viaje agitaban por la ventana una bandera saharaui. Casi todos tienen parientes en España y uno de ellos se fue esa misma noche a casa de su primo, que vive en una zona turística de Fuerteventura desde hace varios años. Los cinco auguran que llegarán más pateras. "A Marruecos le viene muy bien hacer la vista gorda", opina el primo de Ahmed. "Se libra de los jóvenes saharauis que reivindican derechos y pueden organizar revueltas y de paso tira de las orejas a España, enseñándole que cuando quiere controla las fronteras y cuando no, no".
http://www.elpais.com/articulo/espana/mujer/le/dieron/golpes/perdio/nino/esperaba/elpepiesp/20110116elpepinac_10/Tes
No hay comentarios:
Publicar un comentario