Una vez más, aplazado. Después
de dos años y tres meses en la cárcel a la espera de ser juzgados, hoy se ha
iniciado el procedimiento judicial –por la vía militar- de los 23 saharauis que
fueron detenidos antes, durante y después del desmantelamiento del campamento
de protesta saharaui de Gdeim Izik, que congregó en octubre de 2010 a miles de saharauis a
las afueras de El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental, para
reclamar unas condiciones de vida digna en el Sahara Occidental.
No obstante, el juez ha
decidido aplazar el proceso hasta el próximo 8 de febrero, pese a que los
saharauis había pedido más tiempo debido a las dificultades que tienen para
desplazarse hasta Rabat.
La presencia policial a los
alrededores del Tribunal Militar de Rabat esta mañana era imponente. Sin
embargo, las manifestaciones previas al proceso y el inicio del juicio se han
desarrollado sin ningún tipo de incidentes.
Fue el mayor conflicto en este
territorio en los últimos años y terminó con su desmantelamiento por las
fuerzas de seguridad marroquí en noviembre de 2010. Según fuentes oficiales en
el reino alauí, el balance fue de 13 muertos, 11 de ellos de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, y dos civiles. Según las asociaciones de
activistas saharauis, hubo tres víctimas mortales en sus filas.
Familiares y allegados de unos
y otros se dieron cita hoy en la entrada del Tribunal Militar de Rabat.
La defensa de los saharauis
pidió al tribunal que comparezcan a declarar el entonces ministro del Interior,
Taieb Cherkaoui, o que ha sido denegado por el juez que sí ha aceptado a otros
cinco altos responsables del Estado que mediaron con el comité negociador de
Gdeim Izik antes del desmantelamiento, y un grupo de testigos oculares.
El proceso se inició sobre las
nueve de la mañana hora local. Los 23 detenidos hicieron su aparición en la
sala con sus darras (túnica típica saharaui), haciendo el símbolo de la
victoria y lanzando proclamas por la autodeterminación del Sahara Occidental y
a favor del Frente Polisario. A las que contestaron familiares de los soldados
muertos durante la operación del desmantelamiento.
"No queremos ninguna
venganza, tenemos todos la misma sangre y formamos parte de una misma patria; lo
único que queremos es que se haga justicia", dijo en declaraciones a este
periódico Ahmed Artetour, que se identificó como familiar del gendarme
Abdelmejid Artertour, de 22 años, fallecido en el desmantelamiento.
A los 23 saharauis se les
acusa de formación de banda criminal, violencia contra las fuerzas del orden, asesinato
y profanación de cadáveres. Activistas saharauis como Brahim Dahane, presidente
de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Asvdh),
o Ali Salem Tamek, vicepresidente de Codesa, el colectivo de Aminatu Haidar, estuvieron
presentes también en el proceso.
"Sólo han dejado entrar a
unos 40 saharauis, dos familiares por cada preso, y a los observadores
internacionales", señaló Dahane, que insiste –como el resto de sus
camaradas- en la inocencia de los saharauis y denuncian que Marruecos los ha
mantenido en prisión durante dos años y medio sin ser juzgados, cuando el
ordenamiento marroquí permite solo un año de prisión sin proceso.
Por su parte, el Ejecutivo
marroquí aseguró ayer en palabras de su portavoz, Mustafá El Jalfi, que el
proceso a los saharauis no tiene motivos políticos, recoge la prensa local. Según
El Jalfi, el juicio es "por actos criminales" y "se ajusta a la
ley" porque las leyes del país recogen que es la vía militar la que
procesa los crímenes cometidos contra miembros de las fuerzas del orden.
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