jueves, 12 de septiembre de 2013

Investigadores vascos demuestran en una fosa común que el ejército marroquí ejecutó a saharauis


Identificados ocho saharauis, dos con DNI español, en fosas comunes
Un equipo español ha exhumado a las víctimas, ejecutadas en 1976 por el ejército marroquí
Dos de ellas son padre e hijo. Entre los restos hay dos menores de edad
Los forenses hallaron entre los huesos sus carnés de identidad y vainas de fusil
Un testigo que presenció los fusilamientos cuando tenía 13 años señaló el lugar
Un equipo de investigación y forense de la Universidad del País Vasco ha localizado en dos fosas comunes en el Sáhara e identificado mediante análisis de ADN los restos de ocho saharauis, dos de ellos menores de edad, que fueron ejecutados por arma de fuego el 12 de febrero de 1976 por miembros del ejército marroquí. Dos de las víctimas tenían DNI español. Los técnicos encontraron entre los huesos el documento de identidad de Mohamed Abdalahe Ramdan (DNI A-4131099) y de Mulud Mohamed Lamin (DNI A-4520032). Otro esqueleto conservaba una cartera plastificada con membrete español que contenía el carné de racionamiento de azúcar de la época, a nombre de Salama Mohamed Ali Sidahmed. Junto a los huesos, como ocurre en las fosas del franquismo exhumadas en España, el antropólogo forense Francisco Etxeberria, que dirigió la investigación con el psicólogo Carlos Martín Beristáin, encontró vainas de proyectiles de fusil.
El equipo se desplazó los días 8, 9 y 10 del pasado mes de junio a la zona de Fadret Leguiaa, en la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados de Tinduf, en medio del desierto, para comprobar si, como les había comunicado la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) allí había restos humanos de víctimas saharauis.
Familiares de las víctimas informaron al equipo de investigación de la existencia de un testigo que había presenciado las ejecuciones: Aba Alid Said Daf, que tenía 13 años cuando se produjeron los hechos. El equipo español corroboró su identidad y le entrevistó. Los resultados de la investigación forense, documental y genética de la fosa “corroboraron absolutamente su relato”, según el informe elaborado por Etxeberria y Beristain.
Un testigo: "Le disparó directamente, en pleno corazón"
El 12 de febrero de 1976 fuerzas militares marroquíes desplegadas en la zona de Amgala detuvieron a varios beduinos. Varios de sus familiares fueron testigos de la detención colectiva. El testigo, Aba Ali Said Daf, fue detenido, a pesar de ser menor de edad, con otros dos beduinos, vecinos y conocidos suyos: Mohamed Mulud Mohamed Lamin y Abdelahe Ramdan.
“Hacia las ocho de la tarde vino uno [militar marroquí] en un coche jeep. Llamó a Mohamed Mulud primero. Le preguntó: ‘¿Dónde están los Polisario?’. La segunda pregunta que le hace es: ‘Dame tu carné de identidad’. Mohamed Mulud negó tener conocimiento del Polisario. Acto seguido le disparó [el militar marroquí] directamente, en pleno corazón. Luego llamó a Abdelahe Ramdan y le hizo la misma pregunta que a Mulud, disparándole de la misma manera. El hombre que les disparó tenía pistola, pero cogió un fusil para hacerlo”, relató Aba Ali Said Daf a los investigadores españoles.
El chico también fue testigo de la detención de Bachir Salma Daf, otra de las víctimas halladas en la fosa, de solo 14 años. Aba Ali Said Dad declaró que escuchó la voz del padre del chico, Salma Daf Salec Bachir, suplicando que no lo mataran. Ambos fueron ejecutados.
Ese día también fueron detenidos Sidi Salec, menor de edad, Sidahmed Segri Yumani, Salma Mohamed Sidahmed y Salama Mohamed Ali Sidahmed. Sus familiares no volvieron a saber de ellos. Todos eran beduinos que vivían del pastoreo de camellos y cabras.
Marruecos dijo que habían muerto en un cuartel militar
Durante tres décadas, explica el informe, Marruecos no dio respuesta oficial a las familias sobre su paradero. El informe de la Instancia de Equidad y Reconciliación (2006) de Marruecos recogía información sobre cuatro de los detenidos aquel día, asegurando que habían sido llevados al cuartel de Samara y que allí habían fallecido durante el tiempo de detención. El informe marroquí señala sobre Salma Daf Sidi Salec: “Arrestado por el ejército real en junio de 1976 en Smara, fue conducido a una de sus bases, donde falleció”. De su hijo, Bachir Salma Daf, de 14 años, dice lo mismo. De Salama Mohamed Ali Sidahmed, “fallecido durante el secuestro sin fecha exacta”. De Abdelahe Ramdan, “arrestado el 22/02/1976 en Amgala por el ejército, fue conducido hacia la base militar de Samara, donde falleció, sin fecha exacta”.
El equipo de investigación español ha demostrado que dicha información es falsa: tanto las fechas señaladas como los hechos. “Las detenciones ocurrieron el mismo día y los detenidos no fueron trasladados a ningún cuartel, sino que fueron ejecutados inmediatamente en el mismo lugar”, recoge el informe. El análisis genético lo confirma.
Los asesinos enterraron superficialmente a las víctimas. A finales de febrero de 2013 un pastor llamado Abderrahman Abaid Bay encontró unos restos humanos esparcidos sobre la arena en la zona. Cuando el equipo de investigación y forense llegó al lugar, descubrió un hueso fémur derecho semienterrado, afectado por la exposición solar.
Un jersey azul y un rosario
Además de los DNI españoles ya señalados, los forenses recuperaron prendas que vestían las víctimas el día de su desaparición y que sus familiares habían descrito a la perfección antes de que se abriera la fosa y se comprobara que tenían razón. Así, Mahmud Salma Daf identificó el jersey azul de su hermano, que tenía 14 años cuando lo mataron, y las cuentas del rosario de su padre.
Pese a que los entierros fueron superficiales, algunos de los objetos se habían conservado muy bien “debido a la falta de humedad que se da en el desierto y a las características del terreno”, explica el informe.
Debido a que la zona está bajo supervisión, por parte de la MINURSO, del Alto el fuego firmado por las partes en 1991, los restos, explica el equipo de investigación, “fueron dejados debidamente protegidos y señalados en el lugar donde se encontraron, con el objeto de que se realice próximamente una misión de verificación oficial que pueda concluir con la entrega de las víctimas a sus familiares y se instauren medidas para la protección de otras fosas que se encuentran en la zona”. Actualmente, asegura el informe, “existen más de 400 víctimas de desaparición forzada saharauis”.
“Hasta que se complete el proceso”, explica Sidi Mohamed Sidahmed Segri, “pedimos que haya vigilancia para asegurar el sitio. No tenemos palabras para agradecer el paradero de mi padre. Para nosotros es como una luz, porque todo ha sido oscuro. En nuestra religión, cuando no existe la tumba de un familiar para ir a visitarlo, no se puede tener duelo”.
El informe del equipo de investigación concluye: “Las implicaciones jurídicas y en términos de derecho internacional de los derechos humanos de este caso son evidentes y muy relevantes. Deberían ser evaluadas por las autoridades saharauis y españolas, dado que se trata de ciudadanos saharauis con DNI español, y por los órganos y mecanismos competentes del sistema de Naciones Unidas de protección de derechos humanos. Asumiendo las autoridades de Marruecos su responsabilidad en el caso”.



Investigadores vascos demuestran por primera vez que el Ejército marroquí ejecutó a saharauis
Una investigación desarrollada por la Sociedad Aranzadi, el Instituto Hegoa y la UPV-EHU ha permitido documentar el hallazgo de ocho cadáveres, en dos fosas comunes, de ocho beduinos, ejecutados por el Ejército de Marruecos.
NAIZ.INFO|DONOSTIA|2013/09/10|0 IRUZKIN
El informe ‘Meheri. La esperanza posible’, elaborado por investigadores vascos, ha permitido documentar por primera vez ejecuciones extrajudiciales de saharauis por parte del Ejército de Marruecos.
La investigación, cuyas conclusiones han sido presentadas en el Museo San Telmo de Donostia, ha sido llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, el Instituto Hegoa y la UPV-EHU, que han contado con la ayuda de Euskal Fondoa, el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa. Ese emotivo acto de presentación, al que seguirá otro abierto al público, ha contado con la presencia de la activista saharaui Elghalia Djimi, así como de familiares de desaparecidos. También han asistido Juan Karlos Izagirre y Martin Garitano, alcalde de Donostia y diputado general de Gipuzkoa, respectivamente.
El forense Paco Etxeberria y el sicólogo Carlos Beristain, responsables del trabajo, han explicado que las víctimas halladas en las fosas comunes fueron ejecutadas entre el 12 y el 13 de febrero de 1976. Dos de ellas eran menores de edad.
En las fosas, situadas a escasos kilómetros del muro construido por Marruecos y bajo control de la MINURSO, se han hallado documentos de identidad españoles –el Sahara Occidental estaba bajo administración española por entonces– y casquillos de bala.
Los restos se han dejado en el lugar donde se encontraron, debidamente señalizados, a la espera de que una verificación oficial desemboque en la entrega de los mismos a sus respectivos familiares. Los integrantes del equipo de trabajo consideran «imprescindible» que las autoridades saharauis, españolas y los órganos competentes de la ONU «den una respuesta a la demanda de los familiares».
Etxeberria ha remarcado que en todo momento se ha respetado con escrúpulo la custodia de mando de los restos a la hora de realizar la identificación.
Los responsables del trabajo han remarcado la importancia de la investigación, tanto para los familiares de los desaparecidos, a cuyos testimonios se da veracidad, como para desmontar la versión oficial sostenida por Marruecos. El reino alauí sostuvo ante el consejo consultivo de la ONU que las víctimas fallecieron en un cuartel militar durante su periodo de detención.
Con los resultados de la investigación en la mano, solicitarán una reunión al Ministerio español de Exteriores y pretenden asimismo llevar la cuestión ante la ONU.
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Una investigación forense revela las identidades de ocho pastores del Sáhara Occidental con DNI español asesinados en febrero de 1976 por fuerzas del ejército de Marruecos.
PUBLICO  PATRICIA CAMPELO Madrid 10/09/2013
Desde hace casi cuatro décadas, familiares y asociaciones de víctimas saharauis denuncian las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en los territorios del Sáhara Occidental, ocupados por el reino alauita desde noviembre de 1975.
La desaparición forzada es una de estas prácticas, calificada como de lesa humanidad, que cuenta con más de 400 casos documentados. Ahora, un equipo de expertos ha identificado ocho cuerpos que corresponden a ciudadanos saharauis, con DNI español, asesinados por miembros del ejército de Marruecos el 12 y 13 de febrero de 1976 y considerados, hasta la fecha, como desaparecidos. Se trata de los primeros trabajos en fosas comunes de la represión marroquí. Las víctimas eran beduinos que se dedicaban al pastoreo, razón por la cual no huyeron de sus tierras durante la invasión.
Los hallazgos en las dos fosas revelan que Marruecos mintió en su informe sobre desaparecidos saharauis, publicado en diciembre de 2010
Sus asesinatos se cometieron en el mismo lugar donde fueron detenidos, en Fadret Leguiaa, una zona de la región de Smara, a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados de Tinduf, y próxima al muro minado custodiado por Marruecos que divide el Sáhara. Allí, el pasado febrero, un pastor encontró restos humanos esparcidos por la arena, movidos por las condiciones climatológicas debido a que su enterramiento era superficial.
La exhaustiva investigación científica y documental que ha evidenciado, por primera vez, casos de desaparecidos saharauis, ha sido dirigida por el médico forense Francisco Etxeberría, y da continuidad al informe denominado El oasis de la memoria, del doctor Carlos Beristain y la abogada Eloísa González, un texto que analiza la  vulneración de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Tras la publicación del informe, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos saharauis [Afapredesa] solicitó a un equipo investigador de la Universidad del País Vasco la exploración de una zona que podía albergar restos de víctimas.
El pasado junio, dicho equipo profesional y miembros de la Fundación Aranzadi y del instituto vasco Hegoa visitaron el terreno -que se encuentra bajo supervisión del mandato de Naciones Unidas Minurso- con familiares de las víctimas y miembros de Afapredesa.
“Las detenciones se dieron en las cercanías del pozo de Amgala, donde los beduinos iban buscando agua para el ganado”, detalla el informe Meheris, la esperanza posible, donde los responsables de la investigación desmenuzan todo el proceso de trabajo y cuyas conclusiones se han presentado hoy en San Sebastián. “El operativo militar marroquí movilizó numerosas tropas y vehículos en una zona en la que, en ese momento, solamente había población civil: grupos de beduinos que vivían en la región”, concreta el informe.
No existen datos que prueben la existencia de combates los dos días en que se sucedieron las ejecuciones. Y no se tiene constancia de la presencia de fuerzas del Frente Polisario en la zona hasta días después. Asimismo, los investigadores hallaron en las cercanías de las dos fosas vainas de proyectiles, y los cráneos de las víctimas presentan perforaciones de balas.
“Las lesiones corresponden a lugares vitales selectivos, propios de ejecuciones extrajudiciales”, determina el equipo investigador, que cuenta con la experiencia de años de trabajo en España en las fosas comunes de víctimas de la represión franquista.
“Podría haber más fosas en la zona”
El recuerdo del testigo presencial, que por entonces tenía 13 años,  coincidió con las evidencias descubiertas en las fosas. Además, el testimonio de los familiares sirvió también para corroborar el extremo de la detención colectiva, momento presenciado por algunos de ellos.
Entre los objetos personales hallados, los arqueólogos localizaron los DNI (documento nacional de identidad) españoles de tres víctimas y un carné de racionamiento, con membrete español, a nombre de Salama Mohamed Alí.
Los familiares, que viven en los campamentos de refugiados, acompañaron al equipo de expertos durante el proceso de exhumación, y pudieron practicar sus ritos funerarios ante las fosas. Ambos enterramientos se volvieron a cerrar una vez tomadas las muestras de ADN.
El siguiente paso,  según ha aclarado el doctor Etxebarría a Público, será  regresar a la zona para devolver los restos a sus familiares. Hasta ese momento, las fosas han quedado protegidas, señalizadas y bajo supervisión de la Minurso, según asegura el equipo investigador.
Ahora, con las pruebas materiales delimitadas, las familias de las víctimas pueden reforzar sus demandas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. La responsabilidad en primera instancia apunta a Marruecos, país que no ha investigado de manera satisfactoria los casos de desapariciones durante su ocupación del territorio saharaui.
El 80% de estos casos se dieron durante los primeros años tras la marcha verde, el origen de la invasión ideada por Hasán II -padre del actual rey de Marruecos- tras la salida de España del territorio. La desaparición forzada se convirtió de este modo en el principal método de represión marroquí.
Marruecos sesgó información sobre los desaparecidos
El Consejo Consultivo de Derechos Humanos del país norteafricano publicó un informe en internet, en diciembre de 2010, en el que reconocía la desaparición de 351 saharauis bajo su responsabilidad. Con unos datos “fragmentados, parciales y limitados”, según  denuncia el equipo de Etxebarría, el texto facilitó información sobre el destino que tuvieron  207 víctimas. Precisamente, cuatro de ellas forman parte del grupo hallado ahora en las fosas de Smara. Según el organismo marroquí, esas cuatro víctimas murieron en el cuartel de la ciudad, no da fechas de los fallecimientos y, además, sitúa las detenciones cuatro meses después de la fecha en que ocurrieron. Las evidencias halladas por los investigadores vascos contradicen la versión del informe de Marruecos, ya que las víctimas fueron ejecutadas en el mismo lugar donde se produjeron las detenciones en febrero de 1976.
Más de 400 saharauis siguen desaparecidos
El intento de Marruecos por investigar los casos de desaparecidos saharauis no cumplió con las expectativas de las familias.  El periodista José Oropesa, que ha trabajado con Afapredesa en los campamentos de Tinduf, ha recogido testimonios de familiares que, pese al informe marroquí, seguían hablando de sus familiares como desaparecidos. “Las familias argumentan que no han visto el cuerpo tras el fallecimiento y, sobre todo, no se les han explicado las causas de las muertes”, indica Oropesa a Público. Según la investigación marroquí, "fueron enterrados" sin haber comunicado el fallecimiento a la familia. También, se dice que “fueron ejecutados” y que muchos de ellos “murieron por la situación en la que se encontraban tras la detención o el traslado desde la cárcel”, explica Oropesa.
“En los campamentos se desprestigia y desprecia dicho informe”, asegura el periodista. “Las familias se han sentido más dañadas por haberse tenido que enterar por un informe en internet -algunas familias ni lo saben aún- de que sus familiares, según Marruecos, estaban muertos”, añade.
Responsabilidad española
La obligación de investigar los delitos de lesa humanidad en el caso saharaui corresponde también al Estado español, al que pertenecen los ciudadanos desaparecidos que habitaban en la provincia española número 53. La comunidad internacional sigue considerando a España como la potencia administradora, ya que no reconoce los acuerdos por los que la dictadura franquista otorgó el territorio a Marruecos y a Mauritania, en noviembre de 1975, días antes de la muerte de Francisco Franco.
Los saharauis identificados tenían DNI español
El resultado del trabajo científico en las fosas de Smara supone otro balón de oxígeno a la causa saharaui que cuenta con el respaldo de organismos internacionales que presionan a Marruecos para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Grupo de Trabajo de la ONU contra la desaparición forzada se ha pronunciado a este respecto. Y este año, la visita del relator especial de la ONU contra la tortura y el trabajo de la Fundación Kennedy han reforzado las demandas saharauis.
Ahora, “la intención es denunciar los hechos y exigir la intervención de Naciones Unidas, porque hay más fosas en la zona”, avanza Etxebarría. “En la Audiencia Nacional hay un proceso abierto pero dormido, que Afapredesa desea activar”, concluye.

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