El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos peligra por su escasa rentabilidad y las dudas sobre su legalidad. La Eurocámara, que debe ratificar el pacto, podría tumbarlo este otoño tras casi cinco años desde que entrase en vigor y justo antes de que se negocie uno nuevo, llamado a beneficiar de nuevo a los barcos españoles.
En una resolución presentada la semana pasada, dos eurodiputados exigen remitir al Tribunal de la UE el texto actual, al considerar que viola la doctrina de la ONU sobre los territorios ocupados. "Es tarde para que tenga efectos prácticos sobre el acuerdo en vigor, que venció en febrero y se prorrogó durante un año más, pero condicionará muchísimo el nuevo", aseguró ayer Raül Romeva (ICV-Verds), uno de sus impulsores. Según él, el nuevo texto sólo será legal si "excluye los territorios saharauis, como ya han hecho EEUU o Noruega; o si Marruecos garantiza que los beneficios del acuerdo repercuten sobre la población local".
Es precisamente en este último punto en el que más ha flaqueado durante los últimos años la defensa de Marruecos del acuerdo, que reporta a Rabat 36 millones de euros al año. En el informe que Marruecos remitió a la Comisión Europea, que Público reveló en su edición de ayer, los territorios saharauis no aparecen mencionados expresamente y apenas se ofrecen algunos datos genéricos sobre infraestructuras en la región.
Romeva confía en reunir las 74 firmas necesarias para remitir la resolución al pleno de la Eurocámara, para que sea la propia institución la que pida al Tribunal de Justicia que lo analice en detalle. A lo largo de estos años, diversos dictámenes jurídicos han puesto en cuestión la legalidad del acuerdo, por lo que Romeva espera un pronunciamiento judicial favorable. La resolución deberá lograr los votos de la mayoría de los diputados de la cámara, sobre los que Rabat ha ejercido tradicionalmente una gran influencia gracias al apoyo de losgobiernos español y francés.
"Como moneda de cambio"
Un nuevo argumento se suma a las pretensiones de los diputados que exigen más atención a la población saharaui: la rentabilidad. En palabras de Carmen Fraga, parlamentaria del PP y presidenta de la comisión de Pesca, "el acuerdo no se negoció bien y está infrautilizado". Fraga recuerda que el acuerdo es "caro con relación a otros", ya que el presupuesto total de la UE para acuerdos de pesca asciende a 160 millones de euros. "Soy bastante crítica porque el acuerdo se ha utilizado como moneda de cambio de asuntos políticos y no ha sido eficaz", señaló. Fuentes del Partido Popular Europeo, la formación con más diputados, reconocen que la rentabilidad del acuerdo combinada con las dudas sobre su legalidad pueden cavar la tumba del texto, "a menos que el lobby marroquí se imponga a última hora, algo que ha sucedido ya en el pasado".
Sin ir más lejos, el embajador de Marruecos en Bruselas se reunió ayer con varios diputados para tratar de neutralizar sus dudas, según informaron a Público fuentes de la negociación.
Para Josefa Andrés (PSOE), "la eficacia de un acuerdo no se mide sólo en términos de rentabilidad o protección de derechos humanos". La eurodiputada pone como ejemplo otros pactos "donde tienen menos peso razones sentimentales" con países como China o Mauritania. "El acuerdo es legal y además debe servir para acompañar la Primavera Árabe, el desarrollo y el progreso en la región", alegó.
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