jueves, 21 de febrero de 2013

Preso de Gdeim Izik puesto en libertad: 'Ni perdón, ni amnistía; no los pediremos porque no somos criminales'


Abderrahman Zeyú. 39 años. Originario de El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental. Empleado en la Inspección regional del Ministerio marroquí de la Vivienda. Es uno de los dos únicos presos del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik que quedó en libertad después de que el Tribunal Militar de Rabat leyera los 25 veredictos en la madrugada de este domingo.

El resto de sus camaradas se enfrenta a duras penas. Nueve de ellos -uno está en búsqueda y captura- fueron condenados a perpetuidad y los demás a entre 30 y 20 años de prisión. La condena de Zeyú era de dos años ya cumplidos. No en vano, todo el grupo de saharauis cumplió dos años y tres meses de prisión preventiva antes de que se celebrara el proceso.

Con rostro relajado, este saharaui se pregunta por qué ha sido liberado. "Creo que es un cálculo político porque me enfrentaba a los mismos cargos que los demás, mismas acusaciones y mismas pruebas".

La defensa de sus compañeros tiene todavía unos días -ocho desde que se dictaron las sentencias- para recurrir en el tribunal de casación, donde no se pueden presentar nuevos documentos.

"No tenemos mucha confianza en este instrumento porque la justicia marroquí no es independiente". Zeyú asegura que si el recurso no progresa, "no pediremos perdón, ni gracia, ni amnistía, no somos criminales; los veredictos del Tribunal Militar son políticos".

Transparencia o venganza

El Gobierno marroquí, sin embargo, no ha querido pronunciarse al respecto de la decisión del juez. "No podemos hacerlo por respeto a la justicia", según ha declarado a este periódico un responsable del gabinete del portavoz del Gobierno, para quien el juicio "se desarrolló con una gran transparencia y respetando todas las garantías".

En opinión de Zeyú, sin embargo, "ha sido una venganza por lo que se consiguió con Gdeim Izik", el campamento de protesta que se levantó a 15 kilómetros de la capital de la ex colonia española y que reunió a más de 20.000 saharauis en 7.000 jaimas en octubre de 2010. Un mes después era desmantelado a pesar de que Marruecos negociaba con un comité de saharauis para dar una salida a sus reclamaciones económicas y sociales.

"Con Gdeim Izik se consiguió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) se plantease la puesta en marcha de una comisión de investigación para saber qué ocurrió realmente, pero desgraciadamente fue bloqueada como siempre por el veto de Francia", sigue el ex detenido.

Zeyú se indigna cuando habla de las pruebas aportadas en el proceso por la Fiscalía. "Sus únicas pruebas fueron los procesos verbales de la Policía Judicial y la Gendarmería, que se obtuvieron después de torturarnos; no hay más pruebas".

Los cargos que según el tribunal han sido probados son los de formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres. Aunque según la defensa de los saharauis y algunos observadores internacionales no hubo pruebas de ADN, ni autopsias a los cadáveres y en los vídeos que se aportaron no se puede reconocer a ninguno de los acusados.

Según el testimonio del saharaui liberado, "mis compañeros han sido atacados ahora a su regreso a la prisión porque durante el proceso denunciamos a algunos responsables penitenciarios de habernos agredido".

Zeyún fue detenido el 21 de noviembre (13 días después del desmantelamiento) cuando pensaba volar a España "para pasar unas vacaciones". Dice que no formó parte de ningún comité del campamento, pero que sí lo visitó y lo apoyó moral y financieramente.

Confía en que "podamos ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y tengo esperanza en el futuro", afirma respecto al conflicto que enfrenta a Marruecos y el Frente Polisario. Pero "no todo está en nuestras manos; es muy importante la presión internacional y también lo son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, donde Francia es un gran obstáculo para nosotros". Zeyún espera "que España se involucre más en el cumplimiento de la legalidad internacional; tiene con nuestro pueblo una responsabilidad histórica".

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