Los derechos de asociación y
de manifestación están muy restringidos en el Sahara Occidental por parte de
las autoridades marroquíes, denunció hoy una delegación de Amnistía
Internacional (AI) tras pasar cinco días en El Aaiún.
En unas declaraciones a Efe en
Rabat al término de su visita, las investigadoras de AI Sirine Rached y
Benedicte Goderiaux denunciaron además los intentos de las autoridades
marroquíes de "diabolizar" y "desacreditar" a los
defensores saharauis de derechos humanos.
Según las investigadoras, las
asociaciones creadas por saharauis viven en la ilegalidad pese a haber
solicitado muchas de ellas permiso de registro, y esta ilegalidad les impide
tener una sede, recibir financiación regular o promover actividades de
cualquier tipo.
Interrogado por la delegación
de AI, el wali (gobernador) de El Aaiún consideró a los dirigentes de esas
asociaciones de "agitadores y provocadores" con intenciones políticas,
recalcando el hecho de que algunas de ellas están dirigidas por "ex
presidiarios", en alusión a algunos antiguos detenidos políticos.
Del mismo modo, el derecho de
manifestación está severamente restringido, como han podido constatar en el
mismo El Aaiún en varias ocasiones en estos días, recalcando el hecho de que la
policía -entre los que abundan los agentes camuflados- ha llegado a dispersar
manifestaciones a pedradas.
Recalcaron que las
manifestaciones saharauis han sido fundamentalmente pacíficas, y pese a todo la
policía las ha dispersado sin contemplaciones, con piedras o bastones de madera,
llegando a causar una veintena de heridos el pasado sábado (según las
autoridades marroquíes, diez agentes resultaron heridos).
Las prácticas de dispersión de
las manifestaciones "son inaceptables y desproporcionadas", recalcaron.
Los heridos o contusionados en
las manifestaciones evitan ir a los hospitales públicos por la presencia
permanente de policías en sus instalaciones, y porque la práctica habitual de
los centros es negarles un certificado médico que pueda sustentar una denuncia
posterior.
La delegación de AI lamentó el
permanente estado de "intimidación y acoso" que sufren los miembros
de las tres organizaciones saharauis pro derechos humanos, incluso en sus
propias casas (que funcionan como oficinas al no poder tener una sede).
Las dos investigadoras
señalaron que ellas mismas han estado seguidas en todo momento en El Aaiún por
agentes marroquíes, y en algunos casos grabadas abiertamente con una cámara de
vídeo, cuyas imágenes fueron luego distribuidas ante medios marroquíes para
servir supuestamente de prueba de su "ingerencia" en las
manifestaciones.
Por otra parte, las dos
miembros de AI denunciaron haber recogido numerosas quejas de familiares de "desaparecidos
políticos" saharauis en las pasadas décadas (unos 200), que siguen
esperando un simple certificado de defunción, además de la indemnización
correspondiente, pese a haber visto reconocidos sus casos.
Por último, condenaron la "campaña
anti-saharaui" por parte de la mayoría de la prensa marroquí, que
descalifica permanentemente a los defensores saharauis de derechos humanos
calificándolos de traidores, ya que ese discurso "incita a la violencia".
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