Hassana Aalia y Juan Soroeta durante su intervención. Detrás, una imagen de la policía marroquí actuando en El Aaiun. / Manuel Martorell
Cuando el 8 de noviembre de 2010, a las 5 de la mañana, la Gendarmería marroquí inició el asalto al Campamento de la Dignidad, acababan también los 28 días de “libertad e independencia” que, por primera vez, habían gozado los habitantes de la antigua colonia española desde su vergonzoso abandono por España en 1975.
Bajo aquel mar de jaimas se concentraron más de 20.00 personas reclamando los derechos del pueblo saharaui mientras ondeaban las banderas del Frente Polisario sin que la policía pudiera impedirlo. “Era la primera vez que vivíamos en libertad dentro de nuestro país. Nunca olvidaré aquellos rostros de mujeres y niños, sus sonrisas y lágrimas por haber conseguido la dignidad”, dice el joven Hassana Aalia, de la Asociación Saharaui de Víctimas por Derechos Humanos (ASVDH), condenado en rebeldía a cadena perpetua precisamente por ser uno de los organizadores del campamento Gdeim Izik, como también se conoce a aquella multitudinaria acampada.
Hassana fue responsabilizado en el consejo de guerra celebrado el pasado mes de febrero en Rabat, junto a otros 23 acusados, de organizar la protesta y de la muerte de once agentes durante los graves enfrentamientos que se produjeron durante el asalto al campamento.
“Tras destruir Gdeim Izik, el Sáhara Occidental vivió seis meses de terror, en los que la Policía buscaba, casa por casa, a jóvenes mayores de 15 años por considerarlos responsables de los incidentes”, dice Hassana, que fue uno de los jóvenes detenidos y llevados a prisión. En total, unas 200 personas fueron encarceladas tras los disturbios, que se extendieron por distintas localidades saharauis y, de forma especial, a El Aaiun, la capital.
Hassana realizaba estas explicaciones sobre las consecuencias de aquellos sucesos en las jornadas organizadas en San Sebastián la semana pasada por Euskal Fondoa, una asociación de entidades locales del País Vasco dedicadas a la cooperación. Las jornadas, centradas en la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, coincidían con el 40 aniversario del inicio de la lucha armada por parte del Frente Polisario.
En las distintas intervenciones se recordó, por ejemplo, que todavía existen 500 desaparecidos, que hay centros de detención secretos en Agdez, Kalat Goun y Derb Moulay Dherif, que continúa el asentamiento de colonos marroquíes incentivados por el Gobierno de Rabat y que la Policía actúa con total impunidad en sus redadas por los barrios autóctonos, utilizando para ello vehículos y diverso armamento de fabricación española.
“La tortura es el pan de cada día”, dijo gráficamente Hassana Aalia, que intervenía en una de las sesiones en compañía de Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos (AIODH). Según aseguraron, existen miles de denuncias por tortura y maltrato que nunca han sido investigadas.
Por su parte, Juan Soroeta presentó un voluminoso informe sobre el consejo de guerra en Rabat contra los 24 activistas saharauis acusados de organizar el Campamento de la Dignidad.
De acuerdo con estas informaciones, durante las sesiones de tortura contra los procesados, cinco de ellos fueron violados con botellas. Según este representante de la AOIDH, presente en el consejo de guerra, en un principio los acusados no se atrevían a realizar esta denuncia ante el tribunal, compuesto por militares de alta graduación, y en sus declaraciones explicaban que durante las torturas les amenazaban con violarles. Sin embargo, uno de ellos, con más valor aclaró que no eran amenazas sino que realmente les habían violado y que no si no lo habían denunciado claramente era por la vergüenza social que eso significaba.
Entre las numerosas fotografías mostradas como prueba del trato que recibe la población saharaui destacaron las de Mohamed Daihan, un activista al que se ve ensangrentado y tendido en el suelo mientras que un agente le coloca la bota en la garganta.
Pese a la dureza de la situación y pese a estar plagado de irregularidades jurídicas, Juan Soroeta destacó que en el consejo de guerra se notaron los “pequeños avances” que respecto a la libertad de expresión se están registrando en la sociedad marroquí. Por ejemplo y también por primera vez un tribunal, en este caso además castrense, permitió que los procesados cantaran el himno saharaui, dieran gritos a favor del Polisario y exhibieran su bandera, algo impensable en estos cuarenta años de ocupación militar.
Pero la “apertura marroquí” no impidió que nueve de ellos fueran condenados a cadena perpetua sin ningún tipo de pruebas, cuatro a 30 años de cárcel, ocho a 25 años y dos a otros 20 años de prisión.
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