Una
delegación de Fuerteventura ha visitado días atrás El Aaiún donde, afirmaron,
han constatado la "escalada de acoso de la policía marroquí sobre la población
saharaui", así como "el hostigamiento sobre los activistas para impedirles" el
derecho de asociación y manifestación. De esta forma, señalan buscan "minimizar
sus protestas y acallar las denuncias" sobre las vejaciones del Reino de
Marruecos, según informó el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) en nota de
prensa.
La
delegación que ha visitado El Aaiún estaba compuesta por la alcaldesa de La
Oliva y diputada del Parlamento regional por Coalición Canaria (CC), Claudina
Morales; la concejal de Puerto del Rosario Carmen Delia Gutiérrez; y los
representantes de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Fuerteventura
Juan Francisco Chocho e Ico Ramos.
Esta
delegación ha logrado entrar en El Aaiún, tras la expulsión previa de otros
grupos de observadores que trataron "infructuosamente de acceder a los
territorios ocupados".
De
todos modos, aunque pudieron acceder, aseguran que en el aeropuerto de El Aaiún
sufrieron un "fuerte control policial desde su llegada hasta su salida de la
ciudad"; posteriormente, lograron ponerse en contacto con varios activistas
saharauis y con representantes de la asociación de defensa de los derechos
humanos.
Una
vez se encontraron con la asociación, el colectivo trasladó a la delegación de
Fuerteventura la "enorme preocupación" que existe por las 500 personas que
permanecen desaparecidas desde 1976 y los 15 ciudadanos saharauis de los que se
desconoce su paradero desde el inicio de la intifada saharaui en
2005.
Y
es que, según informó la delegación de Fuerteventura, El Aaiún se encuentra
sitiado por la policía marroquí, que ha incrementado su presencia en las calles
y "ha multiplicado su represión contra las manifestaciones públicas, llegando
incluso a vejar a las mujeres que se concentran para denunciar la situación de
total desamparo" en la que se encuentra el pueblo saharaui, con lo que el
Gobierno de Marruecos trata así de imponer "el silencio" en las zonas ocupadas
"en las que se recurre insistentemente a la violencia e
intimidación".
Además,
la delegación de Fuerteventura visitó a la familia de Said Dambar, una de las
víctimas mortales del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, que les
expuso la tortura psicológica del Gobierno de Marruecos hasta que Said fue
enterrado tras dieciocho meses en la morgue y la negativa de éste a revelar a la
familia el lugar en el que se encuentra sepultado. Por ello, continúan
manifestándose "periódicamente para rogar que Said sea el último mártir de la
fuerte represión de Marruecos sobre un territorio que no les pertenece".
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