*Fuente: Saharalibre.es 01 de septiembre de 2012
Asociación Pro Derechos Humanos de España
El 9 de enero de 2012, José Antonio Gimbernat, como presidente y en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), dirige carta expositiva referida a las exigencias del Derecho Internacional en relación al Sáhara Occidental. En dicha carta se solicitaba al Gobierno español, entre otras cosas:
1.- LA DENUNCIA de los “Acuerdos de Madrid”.
2.- LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes.
3.- EL INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962.
Transcurridos más de seis meses, Presidencia del Gobierno, a través de su Director del Gabinete de la Presidencia, Jorge Moragas, contesta. Ante la falta de referencia a las peticiones realizadas, APDHE vuelve a escribir, con fecha 30 de julio de 2012, al Jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, reiterando sus peticiones.
El contenido de la contestación de Presidencia del Gobierno y de la nueva contestación de APDHE se puede leer a continuación:
CONTESTACIÓN DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Madrid, 20 de julio de 2012
Sr. D. José Antonio Gimbernat
Presidente Asociación Pro Derechos Humanos de España
MADRID
Estimado Sr. Gimbernat:
En nombre del Presidente del Gobierno agradezco disculpe la demora de nuestra respuesta a la carta remitida el pasado mes de enero en la que manifestaba su interés por la situación de la población saharaui.
El Gobierno español mantiene su compromiso activo a favor de una salida justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sahara Occidental en el marco de la legalidad internacional representada por Naciones Unidas, cuyos esfuerzos, tanto del Secretario General como de su Enviado Personal, Embajador Ross, el Gobierno apoya política y logísticamente. Dentro del ámbito de Naciones Unidas, España es miembro del Grupo de Amigos del Sahara Occidental, dentro del cual viene abogando por una solución acordada entre las partes que respete los derechos de la población saharaui. También apoyamos el mandato de la MINURSO, así como el contenido del mandato que se acuerde por consenso.
La preocupación por los Derechos Humanos es un eje fundamental de la acción del Gobierno español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y por esa razón el Gobierno se interesa especialmente por la situación de los Derechos Humanos de la población saharaui. España apoya también el diálogo político de la UE con Marruecos, y dentro de él, los trabajos de la Subcomisión de Derechos Humanos UE – Marruecos, que pasa revista, entre otros asuntos, a la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.
El Gobierno español es también consciente de los sufrimientos de la población saharaui, especialmente la que está en campos de refugiados, y trata de aliviarla con ayuda humanitaria directamente o a través de ONGs o programas multilaterales financiados por España, lo que nos ha convertido en el primer donante bilateral a esos refugiados, habiendo aumentado exponencialmente nuestra ayuda de todo tipo en los últimos años.
Reciba un cordial saludo,
Jorge Moragas
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
CONTESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA
Madrid, 30 de julio de 2012
Sr. Don Jorge Moragas
Jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
Complejo de la Moncloa
Avenida Puerta de Hierro S/n
28071 Madrid
Estimado Sr. Moragas:
En nombre de la ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA, agradecemos las disculpas en la respuesta a la carta remitida al Presidente del Gobierno Sr. Rajoy, a principios de año, donde mostrábamos, con argumentos suficientes, la ilegalidad de los “Acuerdos de Madrid”, y pedíamos por parte del Gobierno, (el anterior no contestó), se demostrase su legalidad y en caso contrario, se actuase en consecuencia, haciendo tres peticiones concretas. (Se añaden al final de esta carta).
Sr. Moragas, Ud. nos informa que el gobierno español mantiene un compromiso activo a favor de una salida justa, duradera y mutuamente aceptable al contencioso del Sahara Occidental, en el marco de la legalidad internacional, apoyando política y logísticamente los esfuerzos de Naciones Unidas, su secretario general y su Enviado Personal Sr. Ross.
Por ello, y precisamente en base al respeto que la propia Legalidad Internacional exige, hemos pedido se demuestre que los llamados “Acuerdos de Madrid”, (origen del drama humanitario saharaui), cumplan tanto con el Derecho Interno, como con el Derecho Internacional. Y en caso contrario, la lógica e inmediata denuncia de los mismos. Lo que no se puede pretender, ni política, ni ética, ni moralmente, por parte de este gobierno, ni de los anteriores, que la parte invadida ilegalmente desde 1975, se ponga de acuerdo con el invasor, que después de 37 años de represión, se mantiene en este Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, por la fuerza de las armas, asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, y ausencia total y absoluta de la legalidad requerida para estar presente en ese territorio.
Somos conocedores, que la preocupación por los Derechos Humanos sea un eje fundamental de la acción del Gobierno Español. Que se interese especialmente por la situación de los Derechos Humanos de la población saharaui, apoyando el mandato de la MINURSO, así como el contenido del mandato que se acuerde por consenso. Y que siendo miembro del Grupo de Amigos del Sahara Occidental, “abogan por una solución acordada entre las partes, que respete los derechos de la población saharaui”. Lamentablemente, esos buenos deseos, intenciones y acciones políticas, chocan con la cruda realidad, una realidad diaria y que dura ya 37 años. Tras el paso de los mismos, hemos constatado la ineficacia de la MINURSO, y la constante violación de los derechos de la población saharaui, (habitantes del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental), cuya Potencia Administradora sigue siendo España.
Entendemos perfectamente que España apoye el dialogo político de la UE con Marruecos. Lo que es difícilmente aceptable, es que, dentro de los trabajos de la Subcomisión de Derechos Humanos, UE/Marruecos, se pase revista conjunta a la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, cuando Marruecos es el invasor ilegal del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, desde el 31 de Octubre de 1975, con las imborrables y dramáticas escenas de bombardeos de la aviación marroquí, con napalm y fósforo blanco, de las localidades de UM DREIGA, TIFARITI, y GUELTA ZEMUR, con 550 víctimas reconocidas, estando España presente en el territorio, guardando silencio y no denunciando estos crímenes continuados, desde principios de enero, hasta el 23 de febrero de 1976. Y la continuada violación, hasta el momento presente, por parte del estado invasor, de los inalienables derechos del pueblo saharaui, sus recursos naturales y continuados obstáculos a su futuro político, de acuerdo a las resoluciones, por todos conocidas, de Naciones Unidas, Unión Africana, Movimiento No Alineados y Pactos Internacionales.
Es satisfactorio conocer que el gobierno es consciente de los sufrimientos de la población saharaui que está en los campos de refugiados, y trata de aliviar con ayuda humanitaria directamente o a través de ONG´s, convirtiéndose en el primer donante bilateral a esos refugiados. Les instamos también, que exijan del Gobierno de Marruecos, ponga fin a la “brutal represión contra el pueblo saharaui, en los territorios ocupados ilegalmente, y se libere a los presos políticos saharauis, tanto en las cárceles marroquíes como en las de su propio Territorio No Autónomo”.
Sr. Moragas, ruego transmita a nuestro Presidente Sr. Rajoy, que en aras de la protección de los derechos de TODOS los habitantes del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, reiteramos nuestra TRES peticiones enviadas en la Carta al Presidente del Gobierno, porque, en cualquier acto de justicia, por elemental que parezca, la proporcionalidad es importante, y no se pueden conformar con pedir, después de 37 años,...”Que las partes se pongan de acuerdo y se consiga una paz, justa y duradera…”
El Gobierno de España no es responsable de lo sucedido en 1975, pero si representa al Estado Español, y las responsabilidades de estado las asumen los gobierno correspondientes.
”La mejor expresión del papel que puede jugar España para contribuir a una solución definitiva, justa y duradera del conflicto del Sahara Occidental”, pasa por reconocer la legalidad o ilegalidad de unos acuerdos, que han marcado la historia de las descolonizaciones, de manera negativamente contundente hacia el comportamiento de España, como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental. (Art.73 Cap. XI Carta NNUU)
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, deberá demostrar la legalidad de los "Acuerdos de Madrid", y del Decreto RD2258/76, y en caso contrario, por coherencia, justicia y cumplimiento de la legalidad, exigimos, de este gobierno, y de los partidos políticos que conforman el amplio arco parlamentario, lo siguiente:
A) LA DENUNCIA de los "Acuerdos de Madrid", y del Decreto RD2258/76 de (10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la "Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental", como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración,
Atentamente,
D. José Antonio Gimbernat
Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España
No hay comentarios:
Publicar un comentario